La amenaza del manejo inadecuado del plomo y otras sustancias químicas, provenientes de los acumuladores de energía, despiertan voces de conciencia sobre el uso apropiado de los desechos y su potencial de reciclaje.
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Cada día se producía una mayor cantidad de baterías para automóviles, y en la misma medida se desechaban. La idea decepcionó al sector energético y ambiental, y así inició el negocio de la reconstrucción de los acumuladores.
Ahora, son cientos de reconstructoras las que operan en Guatemala, pero solo una se encarga de cumplir a cabalidad con las normas internacionales del manejo sostenible de los desechos, establecidas por el Convenio de Basilea.
Entre las 34 plantas en el mundo que ya tienen el certificado de «Plomo Verde» ahora se encuentra Guatemala representada por Acumuladores Iberia, dijo recientemente Miguel Araujo, representante del Convenio de Basilea.
La certificación de Plomo Verde es una garantía de que la empresa que la ostenta cumple con las normas internacionales que plantean regulaciones para dar tratamiento a desechos altamente contaminantes, como el plomo, que ha acabado con miles de ecosistemas en zonas urbanas y rurales.
«El costo de la contaminación del medio ambiente es incalculable; por eso nos apegamos a las normas que protegen los recursos», dice Luis Marroquín, representante de Iberia, al tiempo que reconoce que los costos del ambientalismo son altos para una empresa.
«La responsabilidad con el medio ambiente requiere de la innovación e implementación de tecnología de alto costo, pero los resultados lo valen», agrega.
El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, en el recién conmemorado Día del Medio Ambiente, reconoció que los certificados de «Plomo Verde» otorgados a las empresas guatemaltecas son un ejemplo a seguir para la industria centroamericana, una de las regiones con mayor incumplimiento de las normas ambientales internacionales.
El impacto para el medio ambiente que representan las baterías de automóviles es severo; un ejemplo de ello es el resultado que se observa en las zonas adyacentes a la Avenida Petapa, en la zona 12 capitalina, en donde se encuentran basureros clandestinos de acumuladores.
«El riesgo es muy alto, porque además de los efectos nocivos del plomo para las personas, animales y vegetales, otros elementos químicos, como el ácido sulfúrico, atentan contra la vida», sostiene Marroquín.
Los empresarios sostienen que aunque el costo de la responsabilidad social-ambiental es alto para la industria de las baterías, el futuro verde y limpio lo compensa. «Hemos trabajado responsablemente desde hace más de 43 años y lo vamos a seguir haciendo», sentenció.
El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a los Estados adscritos, para asegurar el manejo ambientalmente racional.
Reconoce que la forma más efectiva de proteger la salud humana y el ambiente de daños producidos por los desechos se basa en la máxima reducción de su generación en cantidad y peligrosidad
Los niveles de plomo en el ambiente varían ampliamente en el mundo y dependen del grado de desarrollo industrial y urbanización en cada ciudad.
Las áreas de mayor contaminación son, en general, industriales y de alta densidad del tránsito automotor cuando se utilizan combustibles con plomo.
El uso inadecuado de los acumuladores inservibles es una de las principales amenazas para la contaminación en las zonas urbanas.
Los alimentos, el aire, el agua y el suelo son las principales vías potenciales de exposición a este metal, que en los seres humanos podría generar cáncer.