El acceso a programas de planificación familiar, así como a métodos anticonceptivos y educación sexual en distintos espacios, continúa siendo un tema tabú en la sociedad guatemalteca, castigando principalmente a la población joven e indígena del país.

A criterio de expertos, el derecho humano a la salud sexual y reproductiva históricamente se sigue vulnerando principalmente al sector femenino, con mayor énfasis en las jóvenes que pertenecen a poblaciones indígenas y donde predomina una cultura machista, religiosa y patriarcal que imposibilita la discusión del tema.

Analistas y autoridades coinciden que en Guatemala hablar de métodos anticonceptivos y educación integral en sexualidad es un tabú en parte de la sociedad, especialmente en los sectores más conservadores, con arraigos culturales machistas y religiosos, que consideran que abordar el tema constituye un “pecado”.

En el país el marco legal para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas es amplio, pues Guatemala ha suscrito numerosos acuerdos, tratados y convenios internacionales. No obstante, existe en algunos sectores la interrogante sobre sus alcances, particularmente en cuanto a su viabilidad institucional, financiera y política.

El derecho a una vida sexual y reproductiva saludable está reconocida en la Constitución en el artículo 47; en el Código de Salud, Decreto Número 90-97; en la Ley de Desarrollo Social, Decreto Número 42-2001 y en la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los servicios de Planificación Familiar, Decreto 87-2005.

En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social impulsa el Programa de Salud Reproductiva, para garantizar el abastecimiento y disponibilidad de métodos para el espaciamiento de los embarazos en los servicios públicos de salud.

Sin embargo para Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), planificar en pareja el número de hijos a tener, así como la lucha gubernamental en prevenir los embarazos no deseados o en niñas y adolescentes, es solo parte de un discurso que no se lleva a la práctica porque no se está facilitando el acceso a los métodos anticonceptivos o programas de planificación u orientación familiar.

Según Montenegro, actualmente los métodos de planificación familiar están solo al alcance de las personas con mayores recursos económicos. En cambio, cuando se habla del área rural, estos servicios no existen porque no llega la información a toda la población, en particular a los niños y jóvenes en edad escolar.

Datos del Osar refieren sólo el 43% de las mujeres en edad de concebir (estudios refieren que es a partir de los 20 años de edad) utiliza algún método para controlar la concepción, el índice más bajo de Centroamérica, y el 28% ni siquiera tiene acceso a métodos anticonceptivos.

La entrevistada agrega que la cultura machista arraigada principalmente en el interior del país es otra de las barreras que impiden a las mujeres utilizar o decidirse por un método anticonceptivo, aunado a que los compañeros de hogar creen que los anticonceptivos provocará la infidelidad de sus parejas, faltas a la moral o al matrimonio, desestimando el beneficio sobre la salud y la vida de las mujeres que conlleva la planificación familiar.

La entrevistada lamentó que grupos conservadores en el país se opongan a la planificación familiar con métodos anticonceptivos, en lugar de luchar para que todas las leyes que tienen que ver con desarrollo y salud reproductiva se operativicen, pues considera que esta situación redunda en el aumento de la mortalidad materna, los embarazos no deseados y el aborto, así como la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes.

Para Montenegro se necesita concientizar y formar a los hombres sobre el tema, porque actualmente son los que deciden sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. También recomendó la readecuación de las estrategias de información y la sensibilización del sistema de salud pública, para que comprendan que las mujeres tienen derecho a recibir información completa y ajustada a su nivel educativo y que no esté ligada a ningún credo o religión.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

El informe “Estado de la población mundial 2013” del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que en Guatemala existen barreras para la prestación de los servicios, en especial para las mujeres indígenas, pues muchas de ellas carecen de acceso a los métodos anticonceptivos, programas de planificación  familiar y educación sexual.

Asimismo, el organismo internacional devela que existen hombres que no permiten a su pareja que use un método anticonceptivo y que se encargan de decidir “qué es bueno y malo para ella”, sin dejar de lado la influencia de la iglesia católica y otros grupos religiosos y políticos en el tema.

También la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2012 realizada por el Instituto Nacional de Estadística, indica que nueve de cada diez mujeres, unidas, no unidas y con una vida sexual activa, no conocen al menos un método anticonceptivo, así como los servicios diferenciados que ofrece el sistema de salud pública.

Adrián Chávez, encargado del área de Salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, manifiesta que la cantidad de recursos destinados para la compra de insumos e implementación de programas de educación sexual, también son insuficientes y se convierte en otro factor por el que los jóvenes no tienen acceso a este tipo de información.

A criterio del investigador, es necesario invertir más recursos para facilitar el acceso a esta iniciativa en el país, pero admite que dependerá de la voluntad política y de la capacidad de llevar el discurso a la práctica, es decir, mejorar los presupuestos en beneficio de la disponibilidad de los servicios de salud reproductiva, especialmente en las áreas donde aún no existen.

Fuentes oficiales indican que el Ministerio de Salud destina alrededor de Q6 millones 500 mil anuales a métodos anticonceptivos y de planificación familiar y según cálculos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por cada US$1 invertido en planificación, el Estado ahorraría US$6.27 en gastos de atención neonatal.

“Esta es una responsabilidad compartida también con el Ministerio de Educación, que tiene la obligación de brindar la educación sexual en todos los niveles de enseñanza y en las actividades extraescolares”, argumenta Chávez.

CLARA DESVENTAJA

Las mujeres jóvenes del país están en una clara desventaja respecto de la aplicación de la Ley de Planificación Familiar, pero más aun las que viven en la provincia, pues aparte de estar desinformadas y de tener que lidiar con el imperante machismo, también son discriminadas en los centros hospitalarios, expresa Sulma Calderón, jefa de supervisión hospitalaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
 
La entrevistada se refiere a la falta de apoyo del Estado para divulgar la legislación descrita, la cual fue supuestamente creada para mejorar los servicios hospitalarios y empoderar a la mujer acerca de los derechos sobre su cuerpo, salud y desarrollo.

En el ámbito rural, explica, las mujeres indígenas adolecen tanto de información como de acceso a los servicios de salud, lo cual las condiciona a buscar ayuda con las comadronas de sus comunidades, quienes en medio de la necesidad y la pobreza resuelven en parte la problemática, mas no así las consecuencias de no tener una planificación familiar responsable.

Asimismo, dice que muchas pueden ser las consecuencias para los adolescentes si no cuentan con la información necesaria sobre salud sexual y reproductiva. Embarazos prematuros, anticipación de las relaciones íntimas, abusos y violaciones son parte de las opciones.

De 2013 a la fecha, la Magistratura de Conciencia no ha recibido denuncias sobre discriminación o negligencia en cuanto al acceso de anticonceptivos o programas de planificación sexual se refiere; pero según la funcionaria puede deberse a que en Guatemala predomina la poca cultura de denuncia y eso impide que las personas que estén siendo afectadas, no accionen en contra de las instituciones.

La delegada del Ombudsman insta al mismo tiempo al  Ministerio de Educación, informar más acerca de los métodos anticonceptivos y de la prevención que la niñez y la juventud debe tener para evitar infectarse de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA o embarazos no deseados.

En conclusión, Calderón afirma que en el país existe mucha legislación a favor de la población en salud sexual y reproductiva, pero poca efectividad para cumplirla por parte del Estado, porque es un tema tabú y no se puede hablar abiertamente.

“Los prejuicios, la ignorancia y la religión deben enfrentarse para llevar la información y el servicio oportuno, adecuado y gratuito a la población. La salud sexual y reproductiva es un derecho garantizado por la legislación nacional. Hay avances, pero hace falta más voluntad y acción”, analiza.

MORTALIDAD VRS CRECIMIENTO

El Fondo de Población de Naciones Unidas sugiere que se debe promover, tanto para hombres como para mujeres a partir de los 15 o 16 años, el acceso a programas de planificación familiar y a condones o T de cobre en el caso de las féminas.

Esto como una forma de reducir el número de casos de mortalidad materna, fundamentalmente en el área rural del país y donde las parejas procrean hasta 9 hijos al no tener la información adecuada, ya sea por razones económicas, obstáculos geográficos o de índole religioso.

De igual forma, para desacelerar el crecimiento demográfico en Guatemala mostrado en los últimos cuatro años.

Cabe mencionar que la tasa actual de natalidad en el país es de 31.9 por mil habitantes (en 2012) y la tasa global de fecundidad de 5.0 hijos por mujer, con 5.8 hijos en el área rural y 4.1 en la urbana.

Así también la tasa de crecimiento anual en el país es de 2.4%, es decir, cada año nacen 365 mil niños, lo que significa un promedio diario de mil nacimientos. Al ritmo de natalidad que avanza el país en 2018 se calcula que se llegará a la cifra de 18 millones de habitantes y para 2050 ascendería a 28 millones.

Los datos son pocos alentadores si se toma en cuenta la desigualdad y falta de oportunidades que destaca el Índice sobre Desarrollo Humano 2013, medidor global donde la tasa de analfabetismo entre jóvenes de 15 a 24 años llega a 10.9% y unos 800 mil  jóvenes de 13 a 18 años no están dentro del sistema educativo.

Por otro lado, datos recabados del Ministerio de Salud Pública por el Osar, señalan que en 2013 murieron 447 mujeres al momento de dar a luz por complicaciones en el parto, más de la mitad en el hogar y cuatro de cada diez fallecieron en un hospital.

A este respecto, Gustavo Barillas, vocero de la cartera de Salud reconoce que es posible reducir el riesgo en las mujeres de morir por causas relacionadas al embarazo si se mejoran los servicios integrales de salud reproductiva. Para el portavoz, a las mujeres les falta empoderamiento para decidir ya no procrear o espaciar los embarazos.

De esa cuenta, asegura que la cartera está abastecida en un 85% con los 7 métodos anticonceptivos que regularmente se da a la población que lo solicita, pero reconoce que se perdió cobertura cuando en el 2003, el  Seguro Social suspendió su programa de planificación familiar.

Según datos consolidados de la institución, el consumo al año en la red de servicios es de 4 millones 41 mil 954 condones; 3 mil 885 T de cobre; 3 mil 885 métodos inyectables y 307 mil 831 ciclos orales o pastillas de anticoncepción.

De igual forma, el portavoz aclara que los anticonceptivos actúan antes de la concepción y ninguno es abortivo, además que no engordan como las féminas tienden a pensar.

“Están las creencias religiosas que la mujer debe tener los hijos que Dios le mande. Hay mitos como decir que los anticonceptivos causan cáncer o engordan. Todo medicamento, incluso un acetaminofén, que se considera inofensivo, reacciona diferente en cada persona”, responde Barillas.