El plan de transporte de Santiago de Chile cumplió dos años sin que aún funcione de una manera óptima -lo que provoca airados reclamos de pasajeros- pese a que evidencia algunas mejoras gracias a un subsidio gubernamental para paliar el déficit de 40 millones de dólares por mes.
El Transantiago buscaba cambiarle la cara a la capital chilena y asemejar su sistema de transporte al de países europeos, pero desde el mismo día que comenzó a funcionar dejó en evidencia graves falencias y errores de diseño que provocaron serios trastornos a los pasajeros.
El plan, operado por privados pero diseñado y administrado por el Estado, cambió de golpe todos los recorridos del transporte urbano y redujo a casi la mitad la cantidad de autobuses circulantes.
El sistema introdujo además una tarjeta electrónica de prepago y fomentó las combinaciones entre buses y el ferrocarril metropolitano, una fórmula de viaje a la que los chilenos no estaban habituados.
Largas filas de pasajeros esperando en vano por un autobús y airadas protestas fueron usuales durante las primeras semanas, socavando la popularidad de la presidenta Michelle Bachelet, que en medio del caos pidió disculpas públicas y removió al ministro de Transporte.
Transcurridos dos años el plan presenta algunas mejoras, aunque no llega aún a un nivel óptimo. Con los meses aumentó el número de autobuses, se cambiaron varios recorridos para disminuir la cantidad de transbordos y se amplió la cantidad de vías exclusivas para el transporte público.
«El actual sistema de transporte de la capital es significativamente superior a lo que vivimos durante todo 2007 (…) aunque no estamos a nivel internacional», dijo el analista de transporte de la Universidad Diego Portales Louis de Grange.
«Si uno mira con objetividad, no cabe duda que tenemos un sistema funcionando y bien encaminado», dijo por su parte, el ministro de Transporte René Cortázar, un tecnócrata que asumió casi un mes después de su funcionamiento con la promesa de normalizar el sistema.
Cortázar destacó una caída en los tiempos de espera, una reducción de casi un 30% de los niveles de contaminación y una disminución de un 50% de los accidentes de tránsito.
Las mejoras, no obstante, han tenido un alto costo para el gobierno, que debió inyectar cerca de 1.000 millones de dólares en total para mantener a flote el sistema, que genera un déficit de 40 millones de dólares por mes, equivalente a un 25% del costo total de operaciones.
Para no ahondar el malestar ciudadano se decidió mantener congeladas las tarifas, pese al incremento durante todo 2008 en el valor del petróleo, del cual Chile es un importador neto. La diferencia de costos fue asumida por el Estado, que paga mensualmente a los operadores privados.
Para poder entregar ese subsidio, el gobierno debió ingeniárselas para obtener recursos desde variadas fuentes, entre ellas un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo -que luego debió devolver por ser declarado inconstitucional-, hasta el uso de un fondo especial destinado sólo a catástrofes.
El Congreso estudia ahora un proyecto de ley para establecer un subsidio permanente al transporte público -rechazado por la oposición de derecha-, mientras la popularidad de Bachelet ha vuelto a niveles anteriores al Transantiago.