Sandino Asturias Valenzuela
Centro de Estudios Estratégicos para la Seguridad en Centroamérica (CEESC) y Centro de Estudios de Guatemala (CEG)
Las acciones y resultados de los cien días de gobierno del presidente ílvaro Colom cada día se alejan más del discurso de toma de posesión y nos van reflejando con mayor claridad el panorama real, el cual está demostrando que ni es un gobierno socialdemócrata y mucho menos que tenga interés y capacidad para resolver los problemas de seguridad que agobian al país.
Las características principales de este gobierno en sus primeros cien días han sido:
El clientelismo político: Esto se refleja en el posicionamiento de los principales financistas de la campaña política de Colom en puestos claves del Gobierno central; en el despido masivo de miles de trabajadores del sector público en beneficio de los colaboradores de los nuevos funcionarios; en la destitución del Procurador General de la Nación y en la elección de gobernadores. El clientelismo no es una característica exclusiva de este gobierno; por ejemplo en el gobierno de Berger hubo cuatro secretarios de Análisis Estratégicos y se despidió a más del 80% del personal de dicha secretaría
La improvisación: Hasta ahora es evidente que no hay un plan articulado y coherente de los cien días, la mayoría de acciones son reactivas, sin organización, sin planes previos. El Plan de Gobierno fue en términos generales un buen documento, no así en el área de seguridad donde el plan no era más que un conjunto de buenas intenciones; hoy en día los encargados programáticos de la UNE están en puestos de poca relevancia y sin ninguna injerencia en el cumplimiento de dicho plan. A lo anterior hay que sumar que el presidente Colom sigue ofreciendo como en campaña electoral, por lo que surge la interrogante que con cuáles fondos va responder a toda una serie de nuevas promesas hechas.
El cambio de decisiones presidenciales: Otra característica del presidente Colom y su gobierno es el cambio frecuente sobre decisiones ya anunciadas públicamente debido a presiones de grupos de interés, por ejemplo: El cambio de postura en lo referente a la pena de muerte producto de la presión internacional, el cambio en el anuncio de precios tope producto de la presión empresarial, el cambio de postura sobre la modificación de la hora durante el período de verano, el cambio de postura respecto al magisterio y su líder donde se logró un importante acuerdo producto de la presión ejercida. Lo anterior parece indicar que durante la gestión de ílvaro Colom se impondrán los intereses de los grupos que tengan más capacidad de presión, así que es de esperar que del viaje a Estados Unidos resultarán las verdaderas directrices para estos cuatro años.
Los empresarios y banqueros manejan los fondos sociales: El Consejo de Desarrollo Rural y el Consejo contra la Pobreza son presididos por Roberto Dalton, gerente de Disagro y financista de Colom, en la Comisión de Desarrollo Rural se encuentran Fernando Peña y José íngel López, directores de Banrural. Ambos consejos tienen vital importancia para las políticas sociales de este gobierno pero la profesión empresarial de dichos personajes genera serias dudas si en ellos dominará la razón de Estado o si prevalecerán los intereses económicos particulares.
El debilitamiento de la institucionalidad civil de seguridad del Estado: El nombramiento de militares retirados vinculados a empresas privadas de seguridad en los principales puestos de las instituciones civiles de seguridad, provoca el debilitamiento del carácter civil de las mismas y genera en ellas una lógica contrainsurgente; además que incide en forma negativa en el servicio de carrera. A lo anterior se debe agregar que existe poco respaldo financiero y político a las instituciones civiles como la Policía Nacional Civil, el Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses, la Dirección General de Inteligencia Civil, el Consejo Asesor de Seguridad (CAS) la cual es una institución de los Acuerdos de Paz para establecer una relación entre la sociedad civil y el Presidente, así como asesorarlo. En cambio se insiste en fortalecer al Ejército aumentado su número de efectivos y su presupuesto.
El debilitamiento del carácter civil de las instituciones de seguridad del Estado queda manifiesto en el nombramiento de: el Secretario y Subsecretario de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia (SAAS) Carlos Quintanilla y el capitán ® Osmán Contreras Alvarado, el Secretario de Análisis Estratégico de la Presidencia (SAE), el capitán ® Gustavo Solano, el director del Sistema Penitenciario el coronel ® ílvaro Arriaza, el Gerente de la Seguridad Aeroportuaria el general ® Jorge Perussina, el jefe del Comando Antisecuestros el especialista Gilberto Alfredo Ruano, entre otros, en esta lógica se siguen violentando los compromisos con los Acuerdos de Paz.
En seguridad más de lo mismo: Las acciones llevadas desde la administración del ministro de Gobernación Carlos Vielmann se mantienen, hechos como la criminalización de la lucha social y la política reactiva y represiva, la militarización de la seguridad ciudadana persisten, no se han desmontado las estructuras que realizan ejecuciones extrajudiciales y la limpieza social. Hechos como el asesinato de pilotos, la masacre de narcotraficantes en Zacapa, el asesinato de Víctor Rivera, ponen en evidencia el fracaso de estas acciones y hacen evidente la necesidad de un cambio de rumbo.
Las significativas incautaciones de droga pareciera que se debe más a la guerra interna entre carteles que se golpean a través de proveer información a las autoridades, que a la capacidad propia de inteligencia o investigación criminal, sin embargo son golpes significativos al narcotráfico.
Impunidad total, frente a la violencia: Esta lógica se agudizó con el gobierno pasado, los indicadores de homicidios se mantienen en 15.7 asesinatos diarios en promedio y la impunidad frente a los homicidios sigue en casi 99%. El respaldo de Colom al jefe del Ministerio Público, Juan Luis Florido es un indicador que la impunidad se mantendrá como hasta ahora.
Los elementos positivos se concentran en los planes hacia los municipios pobres, aunque hay una preocupación de cómo mantener el financiamiento ofrecido. Ha habido continuidad de algunos procesos de gobiernos anteriores como desayunos escolares y fertilizantes baratos, aunque aquí es necesario transparentar los negocios del gobierno con grupos empresariales beneficiados con ambos proyectos.
Como conclusión podemos afirmar que cien días no es un tiempo para evaluar a ningún gobierno, sin embargo la expectativa generada por la campaña electoral de la UNE, ha sido su principal adversario, esto ha llevado a este proceso de evaluación, hay críticas que podrán ser corregidas a tiempo, el Gobierno comienza sin rumbo definido, mucha retórica y pocas acciones que lo sustenten, es momento de ir definiendo rumbos concretos y la necesidad de cambios dramáticos particularmente en el tema de seguridad.