El viceministro de la Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación (Mingob), Árkel Benítez, anunció que en 2014 iniciarán con el plan piloto de la utilización del brazalete electrónico para los privados de libertad, en los municipios de Mixco, Villa Nueva y otro del interior del país.

El funcionario explicó que esta medida está en análisis tecnológico y es una alternativa que debe trabajarse de manera integral con el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP) y el Instituto de la Defensa Pública (IDPP).

Benítez dijo que el proceso jurídico está respaldado y lo único que hace falta es la adquisición de las herramientas tecnológicas.

“La parte jurídica del proyecto está prácticamente respaldada, así que estaríamos a la espera de adquirir todos los parámetros tecnológicos y lo que sí sabemos es que podría ser un pilotaje en tres municipios –que gozan de buena coordinación con las municipalidades–. Estamos identificando que podrían ser Mixco, Villa Nueva y posiblemente un municipio de algún departamento del país, se había pensado en principio Jocotenango”, refirió.

Según el vicetitular de Seguridad, este mecanismo será colocado en base a ciertos requisitos que tienen que ver con perfil del detenido, delito y demarcación.

“Hay una categorización que se ha hecho del tipo del delito, del tipo del privado de libertad, pero hay que basarnos específicamente en territorios controlables, la demarcación territorial, más que el delito, el tipo de sindicado que pueda ser y se le pueda implementar este tipo de tecnología”.

Por otro lado indicó que en este sistema también se incluirá posiblemente a las víctimas de los agresores, para que se les acompañe en el proceso y no se encuentren expuestas a los privados de libertad si existiera esa intención.

Hasta el momento no se sabe cuál será el promedio de personas a quienes se les aplicará esta disposición.

Los avances de esta medida se conocieron hoy, pues el 9 de febrero de 2012, el titular de la Cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, anunció la utilización de esos brazaletes tecnológicos para 1 mil 500 reos, sindicados por delitos menores.

En aquella ocasión, López Bonilla dijo que la intención era deshacinar los centros carcelarios, afectados por la sobrepoblación.

ORGANIZACIÓN

Benítez indicó que el tema del brazalete requiere de organización, infraestructura y reacción preventiva de las autoridades locales y de la Policía que debe estar fortalecida con patrullas, con insumos tecnológicos y conexiones del sistema del brazalete con una central de monitoreo.

El encargado de la prevención dijo que el proyecto será respaldado por instituciones internacionales que colaboran con el país.

“Este es un proyecto que se está implementando en el seno del Programa del Fortalecimiento al Sector Justicia donde tenemos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que nos está apoyando, en la Instancia de Modernización de la Justicia se maneja el préstamo de US$30 millones del BID, también hay una donación de 20 millones de euros de la Unión Europea (UE) y eso va dividido dentro de las cuatro instituciones que participan de esa instancia de modernización”, reiteró.