Argumentar y decir que las cooperativas carecen de ánimo de lucro como empresas es una triste justificación que nadie se la cree; especialmente en un paí­s en desarrollo como el nuestro donde cada dí­a más las cooperativas crecen y representan -en un elevado porcentaje- a los pequeños productores de miles de diferentes bienes y servicios. Considerar a las cooperativas como entidades hí­bridas, no una asociación empresarial definida y precisa, es otra triste y censurable argumentación.

La actitud, el criterio del Superintendente de Bancos, Edgar Barquí­n es la correcta; hasta Marí­a Antonieta de Bonilla reconoce que la opinión no es vinculante. En todo caso, la victoria pí­rrica sólo evidencia que cada dí­a más se hace necesario reformar la Constitución, que es improcedente el monopolio que la cúpula empresarial ejerce al mantener y continuar teniendo a los dos únicos representantes en la Junta Monetaria que no son parte del Estado.

Poco a poco la sociedad civil crece, evoluciona, a diferencia de CACIF que decrece y sus actuales directores en su mayorí­a no son empresarios, son profesionales contratados a sueldo; la sociedad civil es democrática. De la misma manera que en su momento Galileo Galilei no fue reconocido en su criterio y se vio condenado al ostracismo, podemos decir que aunque la Corte de Constitucionalidad diga que las cooperativas no son empresas, su criterio es similar a decir que la tierra no se mueve alrededor del sol.

El tiempo transcurrirá y la evolución no se detiene. En la futura reforma constitucional habrá que abordar éste y muchos otros temas señalados en los Acuerdos de Paz. Tendrán que romperse las camisas de fuerza, derogarse los privilegios que limitan la representatividad de la mayorí­a de la ciudadaní­a. La crisis mundial evidencia que las democracias deben mejorarse, que el pacto social plasmado en la Constitución vigente tiene cada dí­a más fisuras, que la forma de hacer que la democracia evolucione y funcione es por medios pací­ficos, donde la mayorí­a de los ciudadanos se sientan representados y no subordinados a los grupos de poder.

Es más, si en un momento dado el Congreso de la República aprobara la consulta sobre la inadecuada pregunta al pueblo de Guatemala en el tema de Belice, deberí­amos de aprovechar que se aborden todos los temas pendientes de reforma constitucional, dividiendo la consulta en varias preguntas y en varias papeletas para que de esa forma el enorme y millonario gasto que implica una consulta popular se aproveche en todos los sentidos posibles.

Al dividir las preguntas por temas especí­ficos, podremos consultar diferentes aspectos, incluyendo la integración de la Junta Monetaria para que un solo titular y un suplente y no dos representen a las asociaciones comerciales, agrí­colas, industriales, financieras y cooperativistas. ¡Cuando se quiere, todo se puede!