Lo siguiente pareciera que solo es producto de la fantasí­a como en el cine o la televisión o aquel recordatorio de la época colonial, de cuando fue construido el Castillo de San Felipe en Izabal, un fortí­n para detener la «corsarierí­a».

Sí­, guatemaltecos reales de este siglo, trabajadores que se afanan por conseguir el pan diario con su trabajo en alta mar se quejan por ataques constantes no de tiburones o monstruos marinos, sino de delincuentes de carne y hueso que les acechan en alta mar.

Abraham Valenzuela, ministro de la Defensa Nacional, frente al diputado Arí­stides Crespo comentó que siguen a la espera de que se les asignen los Q100 millones que desde 2009 les aprobó el Congreso de la República, para resguardar las aguas nacionales.

«Cuando eso suceda va a haber un incremento muy grande en lo que se refiere a repotenciar nuestros aviones y nuestros helicópteros de la Fuerza Aérea Guatemalteca; vamos también a repotenciar los motores de los guardacostas que tenemos en los comandos navales del Norte y del Sur», enfatiza.

En La Gomera Sipacate, Escuintla, hay un pequeño costanero naval con un oficial y 20 soldados con una embarcación menor y en el Comando Naval del Pací­fico, 400 soldados entre infanterí­a de marina, marineros y 40 oficiales independientemente de la base militar, comenta.

Un mes después de haber dicho lo anterior el máximo jefe castrense del paí­s, el diputado escuintleco Arí­stides Crespo da a conocer que no ha existido ninguna participación del Ejército a través de la Base Naval del Pací­fico para frenar a los piratas.

«Siguen siendo amenazados, perseguidos, asaltados. Por el contrario, han asaltado a más gente», comenta preocupado el diputado Crespo.

Francisco Javier Vásquez Montepeque, alcalde de La Gomera Sipacate, Escuintla, también sigue denunciando que es complejo y difí­cil para los hombres que se aventuran en el mar, porque la situación de inseguridad para el sector pesquero artesanal continúa.

«Dan perí­odo de quince o veinte dí­as y después hacen uno, dos o tres asaltos seguidos que afectan a varias lanchas en el momento, porque las abordan, les quitan la pesca en este caso camarón y pescado de primera clase», refiere.

Y con los piratas el episodio no termina así­. Según el jefe edil, los delincuentes roban combustible y cuando ven motores fuera de borda seminuevos o nuevos o de gran caballaje -75 caballos de fuerza-, terminan de armar su botí­n.

En casos extremos han llegado a dejar a la deriva a los pescadores, quienes no solo han perdido sus lanchas que se las llevan los piratas, tal el caso de una embarcación robada en La Gomera Sipacate, la cual fue localizada en El Salvador, «pero desgraciadamente los trámites internacionales para devolución son engorrosos y onerosos», lamenta el jefe edil.

POCOS MALOS

Según información en el lugar, podrí­an ser dos o tres bandas de piratas que están operando en aguas marí­timas y quienes son conocedoras del territorio.

Su modo de operar podrí­a ser los puntos en las bocabarras u otros lugares del litoral donde ellos pueden entrar y salir con facilidad para delinquir, sin ningún control de autoridades competentes.

Otra sospecha, es que los piratas podrí­an tener su centro de operaciones en los puntos fronterizos de México y El Salvador donde se les facilita vender lo robado a pescadores guatemaltecos.

Otra queja es que sumado a la nula cooperación de las autoridades militares y civiles de Guatemala para atacar la piraterí­a, el caso es similar con las autoridades mexicanas y salvadoreñas, refieren pescadores afectados.

Hay antecedentes de hace aproximadamente cinco años cuando las autoridades lograron la persecución, captura y desmantelamiento de los integrantes de una banda de piratas que fueron copados en la playa El Semillero, Escuintla.

Los afectados están urgiendo a las autoridades militares encargadas y obligadas por la Constitución Polí­tica de la República para que les brinden la seguridad marí­tima.

Viendo más allá, Marco Antonio Barahona, analista de la Asociación de Investigaciones Económico Sociales (Asies), opina que es lamentable que por falta de flotas o ayuda estatal no haya otros incentivos para el pequeño pescador guatemalteco.

Lamenta que mientras tanto paí­ses extranjeros vienen a explotar con mayor seguridad los recursos valiosos que hay en aguas marí­timas guatemaltecas, «Existe esa posibilidad de banderear el barco como guatemalteco».

«Hay paí­ses extranjeros y empresas extranjeras que vienen a Guatemala y registran acá su vehí­culo, pagan los impuestos y pagan los derechos que haya que pagar año con año y andan con bandera guatemalteca sin ser empresas guatemaltecas.», reitera.

SUBMARINO

Quién no recuerda un submarino que en 2009 navegaba desde América del Sur, el cual fue interceptado exitosamente por una fragata norteamericana, pero que autoridades de la DEA de Estados Unidos, nunca dieron participación a autoridades nacionales.

Según la escasa información que se obtuvo, las fuerzas antidrogas norteamericanas se limitaron a decir que la nave transportaba droga, siendo ese un caso similar de piraterí­a que surcó aguas nacionales.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), visualiza que para el caso de los asaltos a pescadores artesanales, la cancillerí­a guatemalteca y la cartera militar deberí­an estar jugando su papel constitucional.

Las denuncias de los afectados, quienes ya detectaron que los integrantes de la piraterí­a se movilizan en cercaní­as a las fronteras para protegerse, son suficientes para que coordinen con las autoridades internacionales a fin de operar conjuntamente, analiza.

Cuestiona además que al Ejército le han desvirtuado su función metiéndolo en la seguridad ciudadana cuando su papel es resguardar las fronteras terrestres, el cuidado del espacio aéreo y en este caso el mar, apunta Asturias.

«En vez de estar invirtiendo en rearmar y reorganizar al Ejército para que sea una policí­a, lo que debemos tener es un ejército de fronteras, marí­timas y terrestres, para la defensa del territorio y esa es una función que sí­ le compete al Ministerio de la Defensa Nacional», insiste.

Marco Antonio Barahona, analista de Asies, critica que el Estado de Guatemala no cuenta con una polí­tica marí­tima y las carteras responsables no cumplen con el mandato que les faculta la Constitución.

Está así­ el caso del Ministerio de Agricultura, la cartera de Comunicaciones que tendrí­an que ser las encargadas de trazar un plan táctico y estratégico para salvaguardar y proteger los recursos del lecho marino y también sus fronteras.

Esos ministerios y sus autoridades junto a las de Gobernación y la de Defensa Nacional deberí­an estar en resguardo de esos pescadores que ahora se quejan de los atropellos de piratas cuando salen a las faenadas.

PLATAFORMA

«Tampoco tenemos una polí­tica de explotación de los recursos del mar, tampoco tenemos una polí­tica de desarrollo e infraestructura portuaria para aprovechar las amplias costas que tenemos y por tanto facilitar las exportaciones e importaciones», agrega Barahona.

«No olvidemos que las costas del Pací­fico son tan amplias y tan poco controladas, hay poca presencia del Estado y también son medios para ingresos por diversas bocabarras de todo lo que es tráfico de drogas», apunta Barahona.

En septiembre 2009, Juan José Ruiz Morales, jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, fue citado por el parlamentario Mariano Rayo, a quien dio a conocer la debilidad en la plataforma material militar.

En esa fecha explicó que aproximadamente 700 aeronaves completaban su parque vehicular militar, lamentándose que dejó de ser la mejor fuerza aérea de la región centroamericana, asegurando que en la marina de guerra el paí­s también se debilitó.

«En la marina, un barco no lo podemos alcanzar porque la fuerza es muy débil, debe haber proporcionalidad entre el poder nacional y la fuerza porque alguien la tiene que regular, porque si es muy fuerte como en este caso helicópteros fuertes volando con el narcotráfico y no hay fuerza aérea creo que es contraproducente», explicaba.