La diputada Nineth Montenegro, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, denunció un repunte de especulación y acaparamiento en el precio del pan, que ha subido hasta en Q0.80, principalmente en el interior del paí­s.

Urgió que la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), localice y castigue a los responsables que deben ser sancionados con una multa entre Q mil a Q100 mil o con dos hasta cinco años de cárcel, según el artí­culo 342 del Código Penal.

Explicó que en San Marcos la libra de frijol cuesta Q8 y en la capital Q6.50; el galón de diésel en Totonicapán alcanzó el precio de Q40 y en la capital, Q37.99; en Quetzaltenango una docena de huevos vale Q12 mientras en la capital tiene el precio de Q9; la libra de azúcar cuesta Q3 en Baja y Alta Verapaz, pero en la capital Q2.35.

Lo lamentable es que el pan en Totonicapán llegó al precio de Q0.80, en momentos que bajaron los precios del trigo y de la harina y el arroz, lo cual no se ve reflejado en lo que tienen que desembolsar los vecinos, para subsistir diariamente.

Montenegro responsabilizó por la falta de control a la Presidenta del Banco de Guatemala quien debe velar por la estabilización de precios, asimismo, a la Directora de la Diaco, «por supuesto reconocemos que tiene pocos recursos, reconocemos que no tiene suficientes muelas, suficientes dientes (legales) para morder».

Urge ley fuerte

«Insistimos que este mes deberí­a ser el adecuado para conocer la ley de la Procuradurí­a del Consumidor, y se sancione evitando estas protestas».

Esta denuncia coincide con la demanda de los campesinos que llegaron a la capital esta semana para protestar por el incremento de precios que ha sufrido la canasta básica y la básica vital en todo el paí­s, puntualizó la parlamentaria Montenegro.

Recalcó que los grupos más afectados por la falta de empleo y recursos económicos, se han dado cuenta que en la capital un pan cuesta Q0.25, pero en sus comunidades los precios se han más que triplicado.

La diputada Sonia Segura, integrante de la Sala de Trabajo y coautora de la iniciativa de ley para crear la Procuradurí­a de Defensa del Consumidor, reiteró el pedido a sus colegas para que colaboren en la discusión amplia y se apruebe dicha ley.

Asimismo, lanzó el llamado a las cámaras empresariales, para que hagan conciencia sobre la necesidad de tener un órgano que castigue la especulación de precios en el paí­s. Para ese propósito está programada una reunión con todos los representantes privados del comercio del paí­s, que se llevará a cabo el 14 de agosto.

Mientras el 22 de agosto la reunión será con los jefes de bloque, en la cual se presentará esa urgente necesidad que incluye la apreciación de la iniciativa que realizó el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, en reciente reunión con las dos parlamentarias en la ciudad de Brasilia.