Las organizaciones que integran la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI) urgieron al gobierno central que declare Estado de Emergencia Nacional y Urgencia Social la actual crisis alimentaria que se ha empeorado en el Corredor Seco del país.
Gustavo Pernilla, de Adri, dijo que se requiere la inmediata implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, así como la reorientación de recursos para atender la emergencia.
No obstante, consideraron que las acciones deben ser sostenibles y estructurales, ya que los programas paliativos, como los que implementa el Programa Mundial de Alimentos (donación de Vitacereal), no resuelven la crisis.
Israel Macario, otro integrante de Adri, demandó respeto del gobierno central al Acuerdo Marco del Diálogo «incluyendo la atención a la conflictividad agraria».
Finalmente, reclamaron la aprobación del anteproyecto de ley 40-84, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, que actualmente está en el Congreso de la República, así como la asignación de fondos para la implementación de la Política.