El Observatorio del Gasto Social propone reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto para fomentar la transparencia y participación ciudadana en las decisiones que se tomen para elaborar el presupuesto general de la Nación.
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Carlos Barreda del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) indicó que la ciudadanía y las organizaciones sociales deben participar activamente en las decisiones de nación, por lo que se aprovechó la discusión sobre el presupuesto 2008 para lanzar la propuesta de reformas.
En la reunión que se realizó, esta mañana, para discutir la propuesta participaron asesores y diputados, miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, quienes escucharon los planteamientos de las diversas organizaciones sociales presentes, para trasladar la próxima semana las conclusiones de las reuniones al diputado Manuel Baldizón, presidente de esa comisión.
Polémica financiera
Las principales reformas están orientadas a promover la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, para evitar anomalías que Barreda califica como «muy polémicas», especialmente los problemas que se han presentado con los fidecomisos, designación presupuestaria a organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, así como las transferencias interministeriales.
De ser aprobada la propuesta que impulsa CIIDH, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración tributaría se verían obligados a rendir anualmente un informe al Congreso, para evaluar el gasto público y la recaudación tributaria nacional.
Sin control
Barreda aseguró que aproximadamente, el 20 por ciento de los fondos públicos se manejan a través de mecanismos extrapresupuestarios, donde se elude la fiscalización y monitoreo por parte del Estado y la sociedad civil, de esa forma consideró urgentes los cambios en la normativa.
Asimismo estimó que la falta de control sobre el presupuesto se presta al tráfico de influencias, así como la discrecionalidad del manejo de fondos permite el uso anómalo de los fondos estatales por parte de los funcionarios públicos.
Según el experto en finanzas Alejandro Arévalo, es necesario estudiar detenidamente las reformas propuestas para el decreto 01-97, que regula la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto.
Arévalo considera que la Ley del Presupuesto creada hace diez años ha sido efectiva, sin embargo estima que es necesario actualizar la normativa, para que la población esté segura de la transparencia en los ingresos y egresos del país.