El Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), busca que el próximo año se lleve a cabo un Referendum Constitucional, para que la población guatemalteca sea quien decida si se deben llevar a cabo proyectos de explotación de minerí­a metálica a cielo abierto en el paí­s.

Rafael Maldonado, coordinador del área legal de Calas, dijo que ya iniciaron los trabajos legales para que la propuesta sea desarrollada en el segundo semestre de 2009.

A criterio de Maldonado, el referendum deberí­a analizar una reforma de la Constitución Polí­tica de la República referente a la declaratoria de interés nacional del aprovechamiento minero.

«En 1985 pudimos haber dicho que era interesante aprovechar estos recursos mineros, pero a través de las consultas comunitarias la población guatemalteca ha dicho que no quiere minerí­a metálica a cielo abierto, principalmente la que usa cianuro porque está en juego la calidad de vida», consideró.

Calas comenzó a trabajaren el proceso jurí­dico el cual se vislumbra sumamente complicado. «Vamos a trabajarlo en los primeros seis meses del año una propuesta que no nazca solo de calas, sino del conglomerado de organizaciones sociales del paí­s», refirió Maldonado-

Nudos en la Ley de Minerí­a

Desde septiembre pasado, el Colectivo Ecologista Madreselva, promueve una serie de análisis a la Ley de Minerí­a vigente, donde hace una crí­tica y propuesta a las irregularidades y «nudos problemáticos», que la misma contempla y los cuales deberí­an ser modificados.

í“scar Conde, representante de la organización dijo que las propuestas que impulsan fueron trabajadas en espacios de discusión en distintas regiones del paí­s, como grupos interesados en la defensa de la vida, el territorio y el patrimonio natural.

Según Marí­a Eugenia Solí­s, abogada experta en temas ambientales y miembra de la institución, la Comisión de Energí­a y Minas del Congreso de la República impulsará la aprobación de reformas a la Ley vigente, sin embargo, las mismas no responde a los intereses de las comunidades afectadas.

Parte de la revisión y propuestas efectuadas por el Colectivo indican que la Ley de Minerí­a deberí­a tener su base en la legislación de Derechos Humanos, especialmente en los Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

A criterio de la experta, con la actual legislación no se respeta la autonomí­a municipal, reconocida en la Constitución, la Ley general de Descentralización, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, ya que actualmente, el Ejecutivo, a través del MEM, decide sobre los territorios sin consultar a los pueblos ni al poder local.

El objeto del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es presentar una lí­nea basal de la situación ambiental (flora, fauna, biodiversidad, calidad del agua, aire, suelo y otras), así­ como analizar cuál será el impacto en los ecosistemas, tejido social y formas de vida de las comunidades.

Pese a ello, este estudio es efectuado por un experto a solicitud de la empresa que pide la licencia y presenta el proyecto minero, por lo que el MARN solo aprueba tal informe. Según Solí­s, esto no es adecuado porque existe un conflicto de intereses.

También se cuestionó el uso del agua que permite la legislación, ya que no existen sanciones en este aspecto. «Esto es trascendental, porque la actividad minera de metales compite por el agua disponible en la región con las comunidades, las cuales podrí­an quedarse sin ésta», sentenció.