Incrementar a 50% las regalías para el Estado y reducir los impactos en el ambiente a través de una mejor fiscalización de la actividad minera son temas que impulsa la organización ambientalista MadreSelva en su propuesta para una nueva Ley de Minería.
El rechazo de comunidades enteras en el Occidente del país a la explotación minera por firmas multinacionales ha dado lugar para que las coaliciones ambientalistas rechacen la actual legislación que regula la exploración y explotación de minerales.
María Eugenia Solís, de MadreSelva, considera que más de dos tercios de postulados en la actual Ley de Minería no son de beneficio público por lo que se debe crear una nueva Ley que regule estrictamente las operaciones de extracción de minerales.
La preocupación principal son los impactos que estas actividades están produciendo en el ambiente, los cuales son evidentes en la contaminación de los reservorios de agua con soluciones químicas y la reducción de la biodiversidad en las zonas boscosas, que contrasta con leves penas que el Estado impone para las multinacionales.
«Tenemos una Ley de Minería que permite la destrucción de los recursos naturales y la muerte de la población bajo el brazo de la impunidad (…) las leves sanciones que reciben las empresas mineras no se equiparan con las ganancias que obtienen», señala Solís.
La actual legislación permite que las empresas de explotación minera tengan acceso a recursos hídricos ilimitados; éstos a través de prácticas antiéticas se están contaminando y por tanto dañando la salud de poblaciones enteras.
Fiscalización completa
Magalí Rey Rosa, del grupo Savia: Escuela de Pensamiento Ecologista, considera que una nueva ley que siente las bases para facilitar la fiscalización de las actividades mineras podría ser de suma utilidad para que el Gobierno participe de la observación y se reduzcan los impactos en el medio ambiente.
La activista comparó la rigurosidad con que el Gobierno de Cuba legisla y fiscaliza la explotación minera, ya que en ese sistema no son aceptados los daños a al entorno ecológico y el Estado percibe el 50% de las regalías en cada mina.
Rey Rosa y Solís coincidieron en la necesidad de emitir recursos moratorios a las empresas mineras que actualmente funcionan en el país, para detener la emisión de los permisos que les da potestad de extraer minerales; según las entrevistadas con el objetivo de detener el impacto que sufre el medio ambiente.
Por su parte, el diputado del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, quien es presidente de la Comisión de Energía y Minas, indicó que estaría dispuesto a escuchar nuevas propuestas para transformar la legislación de la minería.
El legislador señaló que incrementar a 50% las regalías para el Estado como lo solicita Madre Selva, requiere de un profundo análisis para que esta decisión no reste competitividad al país.
En contra de licencia
Pobladores de Tacaná, San Marcos, se presentaron al Congreso de la República para solicitar que ese organismo sea intermediario en la cancelación de una licencia de explotación y exploración minera, otorgada a la compañía Montana S. A. Feliciano Arreaga y Concepción Morales, ambos miembros de la corporación municipal de Tacaná, se hicieron acompañar por Juan Pablo Roblero, dirigente de los pobladores de dicha comunidad; Miguel Pérez, de la Comisión de Derechos Humanos del municipio y Froilán Aurelio Rodas, delegado de la comuna, que actualmente pertenece a la Unidad Nacional de la Esperanza.
Los representantes, respaldados por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC, anunciaron que acudirán ante el Ministerio de Energía y Minas, para exigir que la licencia sea cancelada o de lo contrario, realizarán manifestaciones que podrían tornarse violentas, pues con el permiso, 148 comunidades han dicho estar en contra de la explotación minera, de un total de 156 existentes en Tacaná.
Marcha y consulta
Carlos Arreaga, dirigente del Frente de Resistencia de Tacaná y miembro de CNOC, organización que se encarga de movilizar a los representantes de la comunidad en la ciudad capital, resaltó que por el momento, se preparan para hacer una consulta popular en Tacaná, pues desde ya, 14 mil pobladores se han mostrado en contra de la llegada de la compañía.
Al mismo tiempo, Arreaga anunció que el próximo sábado 26 de abril, en San Marcos, realizarán una marcha en contra de la actividad minera, pero enfatizarán su rechazo a la licencia extendida, pues tienen conocimiento que ese mismo día, la compañía podría instalar su maquinaria en Tacaná.
Conocieron dictamen
Según el comunicado de URNG, las autoridades municipales, con el respaldo de líderes comunitarios de Tacaná, San Marcos, hicieron ver que el 21 de abril del presente año, fueron notificados de la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas, con la que otorga una licencia para explotar oro, plata, níquel, cobalto, cromo, cobre, plomo, zinc, antimonio y tierras raras.