Diversas organizaciones sociales se reunieron para solicitar, a través de un documento y a viva voz, que el Congreso de Guatemala ratifique la extensión del mandato de la CICIG, el cual ya ha sido firmado entre la ONU y el Gobierno del paí­s.

Para algunos, esta ratificación legislativa no tiene razón de ser; por ejemplo, Efraí­n Rí­os Montt, diputado y secretario general del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), resaltó que la continuidad de la actividad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) «legalmente no necesita que el Congreso la apruebe».

Sin embargo, para las organizaciones sociales que acudieron hoy al Palacio Legislativo, es mejor no confiarse. Tal fue el comentario que hiciera Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República y principal impulsor de la CICIG, quien aseguró que «en Guatemala hemos visto muertos acarrear basura, aquí­ suceden las cosas más insólitas. No quisiéramos que de pronto en algunos meses surja una duda o un cuestionamiento que el Congreso en su momento no ratificó la extensión del mandato».

Inicialmente, el mandato de la CICIG estaba estipulado para un perí­odo de dos años, que finalizarí­an en septiembre de este año; sin embargo, el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas ya han firmado la extensión del mandato por dos años más; este acuerdo es el que desean que se ratifique por el Congreso, lo cual, además, le darí­a mayor legitimidad a la institución.

TAMBIí‰N LEYES

Las 38 instancias que llegaron al Salón del Pueblo del Congreso no sólo buscan la mencionada ratificación; también solicitaron a Roberto Alejos, presidente del Organismo Legislativo, que sea aprobada la lista de leyes de seguridad, que incluye los temas sugeridos por Carlos Castresana, jefe de la CICIG, a inicios de 2009.

Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, precisó que todas las leyes urgen para modernizar y crear una fortaleza para la justicia, pero en orden prioritario serí­an las reformas a la Ley de Amparo, un instrumento creado para garantizar los derechos fundamentales.

Por la desactualización de esa norma jurí­dica, Mack cree que «en lugar de garantizarlos, lo que hace es violarlos porque hay un litigio malicioso y no hay quien quiera parar ese mal uso».

También requirieron la aprobación de la Ley de Antejuicio, Ley de Inteligencia, Ley de Empresas de Seguridad Privada.

ílvaro Pop, de la organización Naleb, acerca del enfoque de esa dimensión legal dijo: «vamos a exigirles a los órganos del Estado […] que tengan ocupación en términos de la reforma de la justicia, a la persecución y construcción de casos que demuestren a la población en general, que la justicia puede imperar en Guatemala».

Alejos explicó que a él le corresponde trasladar estas sugerencias a los jefes de bloque y a los diputados directivos. «Nosotros tenemos en el orden del dí­a, para hoy (jueves), la renovación del mandato por dos años más a la CICIG y las dos leyes que el señor Castresana ha sugerido», explicó Roberto Alejos.