Los restos humanos de personas no nominadas (NN), fallecidas a consecuencia de la violencia en Colombia, deben ser declarados patrimonio cultural para que sean protegidos e identificados, plantearon consultores colombianos de la ONG Equitas, en un encuentro iberoamericano en Lima sobre cementerios.
Sostuvieron que con apoyo de organismos internacionales se estudia presentar un proyecto el próximo año al gobierno de Colombia para que «declare como bienes patrimonio cultural de la nación los restos de los humanos no nominados (no identificados), lo que permitirá conservarlos en cementerios e iniciar una identificación para luego entregarlos a sus familiares».
Los colombianos Catalina Velásquez y Juan Luis Isaza señalaron que la ONG Equitas recogió esa propuesta de cientos de familiares. El planteo, que «nos dejó bastante fríos, desconcertados, pero a la vez interesante y tremendamente valioso, nos obligó estudiar el caso», señalaron.
Velásquez dijo que el trabajo del proyecto lo realiza un grupo de expertos a puerta cerrada atendiendo las normas legales vigentes colombianas, donde «se plantea la exhumación en fosas comunes, búsqueda de cementerios clandestinos, que en el país hay cientos».
La declaratoria permitiría al Ministerio Público y Defensoría pedir a los cementerios que reciban a los cadáveres no nominados para su conservación, dijo la consultora, quien junto a Isaza participa del IX Encuentro Iberoamericano de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales, que se desarrolló en Lima el 30 y 31 de octubre.
Por ahora «ningún cementerio en Colombia está obligado a enterrarlos, menos a realizar tratamiento técnico a esos cadáveres que están sepultados en la parte de atrás de los camposantos, con el peligro de que con el tiempo sean incinerados», dijo tras asegurar que Equitas fue llamada para que a través de su experiencia en investigación forense se integre al plan de búsqueda de los desaparecidos.
Tampoco existe legislación «que nos permita proteger esa evidencia, por lo que queremos con la declaratoria de patrimonio salvar ese cadáver para luego entregarlo a sus familiares a fin de que le den cristiana sepultura».
Velásquez informó que son muchos los problemas para hallar los cementerios clandestinos o fosas, al tiempo de indicar que hay información de «que las guerrillas de las FARC, los paramilitares y el narcotráfico han minado esos lugares».
«Debemos recordar que en Colombia se vive una guerra desde hace 60 años, enfrentados con la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico», acotó.
Sin embargo, precisó que a raíz de paramilitares que se acogieron al proceso de paz, justicia y reparación que el gobierno del presidente Alvaro Uribe promulgó, se conoció la existencia de 1.300 fosas comunes.
«Los paramilitares señalaron los lugares donde están esas fosas -la mayor cantidad se encuentran en la región del río Magdalena-, lo que sirvió para elaborar un mapa y proceder a desenterrar los muertos e iniciar la labor de identificación», agregó.
«Sólo estamos hablando de un grupo de paramilitares, no de informaciones de las guerrillas ni de los narcotraficantes; por eso pensamos que son miles las fosas aún por descubrir y cientos los cementerios clandestinos existentes», dijo.