Rafael Maldonado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) así como Mario Minera del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), analizaron que no solo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Canadá debería ser vinculante para el tema minero del país.
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Tendrían también que conexionar las consultas que han preparado las comunidades en el país referente a la actividad minera que afecta el entorno que comparten ellos y sus familias, el cual protegen cuando hay peligro de destrucción.
Montana Exploradora, en respuesta vía electrónica a Diario La Hora, da a conocer que ve con preocupación cómo grupos opositores manipulan la información vertida sobre un asunto muy particular.
La Corte Suprema de Justicia canadiense se pronuncia haciendo una aclaración sobre un asunto plenamente jurisdiccional para establecer la capacidad que tiene una autoridad federal para determinar el tipo de proceso de evaluación ambiental a seguir de acuerdo con el proyecto seleccionado o propuesto y que una agencia federal responsable en el ramo no puede, a propia discreción, cambiar el ámbito y la magnitud del estudio a realizar, explican.
El ambientalista Rafael Maldonado indicó que recientemente la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo a comunitarios de San Juan Sacatepéquez en donde establece que las consultas tienen plena validez.
Asimismo que Montana no cumple con la Ley de Libre Acceso a la Información y se negará a cumplir con las leyes ambientales del país.
Tampoco se pone en práctica el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento de la República aprobado en Consejo de Ministros a principios de 2008, el que establece que «la participación ciudadana es un proceso obligado para la aprobación de los estudios de impacto ambiental», ilustró Maldonado.
Mario Minera, de CALDH, evalúa que la sentencia es aplicable para Canadá, «pero estamos hablando de Derecho Internacional; aquí se debe respetar totalmente en el terreno del derecho la opinión de todos los pueblos que se están pronunciando», destacó.
En resumen Minera insiste que las consultas deben ser vinculantes porque al ignorarlas se irrespetan las decisiones de la población.