Esta mañana, en la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, el Ministerio Público, CALDH y AJR, solicitaron que uno de los amparos presentados por la defensa del general Efraín Ríos Montt, sea declarado sin lugar. La acción busca dejar sin efecto lo actuado desde enero del 2012.

Durante la audiencia celebrada este viernes, pese a haber sido notificados, ni Efraín Ríos Montt, Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez, fueron trasladados a la diligencia. De la misma forma estuvieron ausentes los abogados de los generales retirados.

No obstante, la Fiscalía de Derechos Humanos, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), presentaron sus argumentos para solicitar que se declare sin lugar el amparo presentado por los sindicados.

De acuerdo con Edgar Pérez, abogado de AJR, querellantes en el caso, los defensores impugnan el fallo que emitió Miguel Ángel Gálvez, Juez Primero B de Mayor Riesgo, al rechazar la actividad procesal defectuosa en la audiencia celebrada el pasado 20 de agosto, es decir que se anule todo lo actuado desde el 26 de enero de este año, cuando Ríos Montt fue ligado a proceso.

Pérez explicó que dicha acción refiere que cuando el exjefe de Estado quedó sujeto a proceso por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, la jueza Carol Patricia Flores estaba recusada.

“De conformidad con la ley, cuando consideran que se violentó algún derecho al debido proceso, tienen que protestarlo en el momento”, indicó Pérez, puesto que la acción fue presentada 7 meses después, cuando ya se habían realizado alrededor de 11 audiencias.

El togado acotó que “quien recusó a la jueza fue la defensa del general López Fuentes, y el 21 de febrero, Flores fue notificada de la recusación, en ese momento el caso pasó a manos del juez Gálvez”.

Además, agregó que luego de esto, el abogado Moisés Galindo presentó un desistimiento a la recusación argumentando que había hecho una mala interpretación del actuar de la juzgadora.

Por su parte, los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones, luego de haber escuchado los argumentos, informaron que por medio de una notificación darían a conocer el fallo.

Según la información, en el proceso continúan pendientes de resolverse aproximadamente 8 amparos, 4 inconstitucionalidades y 9 incidentes.

A LA EXPECTATIVA
Edwin Canil Vicente, sobreviviente de la masacre ocurrida entre 1982 y 1983, en al área Ixil, Quiché,  –hecho por el cual enfrentan proceso los generales–, dijo que de parte de la población del lugar, y de los familiares de las víctimas, existe gran expectativa del curso del caso por genocidio.

Canil, quien tenía 6 años cuando los militares ingresaron a una aldea en Santa
María Nebaj, relató que delegados de las comunidades asisten a las audiencias para luego llegar a las aldeas y dar a conocer cualquier avance o retraso.

También recordó que cuando los  soldados ingresaron a su comunidad, murió su madre y sus dos hermanas, motivo por el cual busca justicia.