Los jefes paramilitares detenidos en una cárcel del noroeste de Colombia pidieron el jueves a empresarios, militares y políticos que admitan la participación que tuvieron en la creación e impulso de los escuadrones de ultraderecha y dijeron estar dispuestos a revelar esos datos ante una comisión civil.
«Pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsores, colaboradores y beneficiarios directos entre ellos empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales y miembros de las fuerzas militares y la policía nacional, entre otros, nos acompañen sin prevención ni temor en esta tarea de decir la verdad», añade el texto.
Los jefes paramilitares desmovilizados se comprometieron, en un comunicado emitido desde un centro vacacional que les fue adaptado como cárcel, a entregar «la verdad sobre el origen, la evolución y el modo de operar lo que fue nuestra organización» y pidieron que para ello se integre una «comisión civil».
«La convocatoria es para que conjuntamente con nosotros le demos la cara a un país que reclama saber la verdad de lo sucedido en una etapa aciaga de la historia de Colombia» añade el texto.
La comunicación, firmadas por 19 dirigentes de las Autodefesas Unidas de Colombia (AUC) y fechada en su centro de reclusión en el poblado de La Ceja, se produce en momentos en que la Corte Suprema de Justicia ha iniciado la investigación sobre los vínculos de políticos oficialistas con los escuadrones derechistas.
Esas investigaciones han alcanzado a figuras cercanas al presidente Alvaro Uribe, quien hace una semana retó a los jefes paramilitares a que si las tienen divulguen pruebas de relaciones suyas o de su gobierno con los grupos de extrema derecha.
En 2003, un año después de llegar al poder con un discurso en el que prometía derrotar a las guerrillas de izquierda, Uribe inició una negociación de paz con las AUC que durante 20 años frenaron el avance de los rebeldes.
En el marco de esa negociación las AUC concluyeron en abril concluyeron la desmovilización de 31.000 combatientes, a cambio de beneficios judiciales que incluyen condenas máximas de entre cinco a ocho años, por unos 9.000 crímenes que se les atribuyen.