El no gubernamental Centro Nicaragí¼ense de Derechos Humanos (Cenidh) pedirá a los relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA que se pronuncien en contra de las pretensiones de la justicia de reducir la pena o excarcelar al asesino de una periodista del diario La Prensa.
El caso será elevado a los relatores de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas (ONU) Frank LaRue, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, informó a la prensa Norwin Solano, un funcionario del Cenidh.
La corresponsal del diario La Prensa María José Bravo fue asesinada en noviembre de 2004 de un disparo en el pecho por Eugenio Hernández, un ex alcalde y político del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha).
El homicida fue condenado a 25 años de prisión por un juez local, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planea rectificar en el marco de un proceso de casación promovido por la defensa, que alega que el disparo fue accidental.
El gremio periodístico rechazó el proyecto y pidió el apoyo del Cenidh que por su parte solicitó a los relatores de ambos organismos internacionales que hagan «un llamado de atención al Estado de Nicaragua, a fin de que ante todo prevalezca la justicia».
El Cenidh considera que la justicia nicaragí¼ense no debe «congraciarse con un sector político partidario» que busca reducir la pena del homicida por filiación política, en alusión al PLC, principal partido de oposición en Nicaragua.
Uno de los magistrados que promueve la reducción de la pena del homicida, Sergio Cuarezma, informó en julio pasado que tras una investigación minuciosa del expediente encontró que no había pruebas contundentes de que el disparo que mató a la periodista haya sido intencional.
El PLC y el gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) ejercen una fuerte influencia sobre el Poder Judicial e importantes organismos estatales nicaragí¼enses.