Berger calificó ayer a las organizaciones pro derechos humanos como un «grupúsculo de organismos», y dijo que la denuncia de estas busca «aprovecharse de las debilidades del Estado de Derecho, para abusar de sus funciones y convertirse en adalides de una falsa justicia y en una legalidad torcida».

ílvaro Pop, experto en temas polí­ticos, opinó que el delito por el que están sindicados los ex funcionarios del gobierno de Berger debe ser aclarado en los Tribunales, mientras que Sandino Asturias, de la Convergencia por Derechos Humanos, consideró que esas opiniones forman parte de una campaña mediática en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

«El ex presidente ha salido de manera poco común a defender a sus funcionarios, cuando en realidad no hay defensa que hacer; el debate alrededor del posible delito cometido por los mismos en la toma de Pavón se tiene que aclarar en los Tribunales», opinó Pop.

í‰l mismo consideró que los argumentos vertidos por Berger públicamente «son los mismos que ha usado la defensa de Alfonso Portillo para su defensa (sic)», por lo que consideró que no aclaran ni ayudan en el proceso.

Asturias por su parte indicó que «lo que tiene que ocurrir es que se tiene que abrir un debido proceso y estado de derecho, que permita que haya juicio, porque ellos están boicoteando incluso que haya juicio».

A decir de Asturias, los ex funcionarios que se han pronunciado a favor de Carlos Vielmann y Alejandro Giammattei, implicados en el caso Pavón, están tratando de tergiversar el objeto de la investigación criminal al referirse a que hay grupos ideológicos y con intereses particulares al frente del proceso.