La Unión Europea (UE) instó hoy a «no caricaturizar» su ley de expulsión de inmigrantes ilegales, objeto de duras críticas durante la cumbre del Mercosur ayer en Argentina.
«No hay que caricaturizar la directiva. Hay que leerla con atención y comprender lo que dice», indicó Michele Cercone, vocero del comisario europeo de Justicia e Inmigración, Jacques Barrot, al ser consultado sobre el tema.
«La directiva no introduce de ninguna manera la noción de reenviar a los inmigrantes irregulares. Lo que introduce la directiva son estándares mínimos que los Estados miembros (de la UE) deben respetar cuando toman esa decisión», explicó el portavoz.
Los gobernantes del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y sus Estados asociados (Chile, Ecuador, Colombia, México y Bolivia) rechazaron ayer la nueva ley de la UE que habilita hasta la detención de los inmigrantes ilegales, en una declaración divulgada tras una cumbre en Tucumán.
Según los mandatarios y cancilleres latinoamericanos, la denominada «Directiva Retorno» es un «intento de criminalización de la migración irregular», y en ese sentido demandaron «luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de intolerancia».
Sin embargo, estas críticas fueron rechazadas desde Bruselas, que insistió en que la directiva «introduce un marco legislativo europeo que permitirá a la Comisión (Europea) verificar el respeto de la aplicación de condiciones humanas y dignas» en el trato de los inmigrantes en situación irregular.
«Esto permite a la Comisión tener una base jurídica para vigilar a que esas condiciones (obligación de los Estados miembros de brindar asistencia legal, interés superior del menor, situaciones familiares, reglas de base) estén garantizadas», agregó el portavoz.
El portavoz también rechazó la crítica sobre la cuestión de la detención de los clandestinos, recordando que la legislación «implementa una duración de retención máxima de seis meses, que sólo puede extenderse a 18 meses en casos muy excepcionales».
«Hasta el momento, nueve Estados miembros tienen una duración de retención ilimitada», afirmó, al defender el nuevo marco legal.
La «Directiva Retorno», aprobada por el Parlamento europeo el 17 de junio, impone, además de los arrestos de hasta 18 meses a los ilegales que se nieguen a partir por iniciativa propia, una prohibición de cinco años de regresar a la UE.
La declaración del Mercosur se suma a las ya efectuadas por la OEA (Organización de Estados Americanos, 34 países incluidos Canadá y Estados Unidos) y el Grupo de Rio (21 naciones latinoamericanas), que se manifestaron «preocupados» por la situación.