Según íbner Paredes, miembro de la institución, el Estado no ha logrado crear polí­ticas públicas diferenciadas para los diversos grupos. Asimismo, señaló que existe una limitada concepción de los derechos de seguridad social, derecho al trabajo y a la participación polí­tica de la juventud.

Paredes llamó a la atención de la sociedad, para que se percate de la criminalización y represión a la que son sometidos los jóvenes en las áreas donde hay mayor influencia del crimen organizado, principalmente en la capital, Escuintla, Petén y Quetzaltenango.

Finalmente, pidieron que el Estado se adhiera a tratados internacionales, priorice leyes nacionales que les favorezcan y que la Procuradurí­a de los Derechos Humanos cree una Defensorí­a de la Juventud.