La organización de derechos humanos Amnistía Internacional urgió hoy a España a investigar «por fin» la suerte de los más de 114 mil desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, en momentos en que la justicia española estudia si el juez Baltasar Garzón es competente para hacerlo.
España «es casi una excepción mundial» por no haber investigado todavía lo ocurrido con los desaparecidos del bando republicano perdedor de la Guerra Civil (1936-1939) y de la represión de los primeros años de la dictadura franquista (1939-1975), denunció Esteban Beltrán, director de Amnistía España.
España, ahora el país con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, «debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo», que el juez Garzón considera están «en el contexto de crímenes contra la humanidad», insistió Beltrán en conferencia de prensa.
Según Beltrán, «España se encuentra en un momento crucial de su historia: o sigue la senda de tantos países que han optado por investigar para saber la verdad, o se convierte en una de las excepciones mundiales que niega que se investigue la verdad en sede judicial».
Garzón anunció el 16 de octubre su intención de investigar estos hechos, pero fiscalía presentó un recurso contra esa decisión.
Garzón también autorizó la apertura de varias fosas comunes donde se cree hay desaparecidos enterrados, pero la justicia paralizó esas autorizaciones hasta que tome una decisión sobre si el magistrado Garzón es competente para investigar.
La fiscalía estima que no lo es, debido a una ley española de amnistía adoptada en 1977.
Amnistía criticó este miércoles a la fiscalía, ya que estima que su posición está «fuera de la legalidad internacional».
La organización recordó que el juez Garzón recibió recientemente el apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que pidió a España anular la ley de 1977, porque estima que está en contradicción con los tratados internacionales ratificados por Madrid.
España ratificó en 1977, meses antes de aprobar la ley de amnistía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
«España no puede elegir investigar crímenes cometidos en Ruanda, Chile, Argentina o Guatemala y obstaculizar la investigación en su propio país», apuntó Beltrán, en referencia a una decisión del Tribunal Constitucional español, que en 2005 afirmó la competencia universal de la justicia española en materia de crímenes contra la humanidad.
La justicia española investiga actualmente once demandas por crímenes contra la humanidad, genocidio o torturas en Chile, Argentina, Guatemala, la región china de Tíbet, el Sahara Occidental y Ruanda.
En 2005, un juez español condenó al ex represor argentino Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel por una demanda de este tipo; el Tribunal Supremo elevó dos años más tarde esa sentencia a 1.084 años.
«Las víctimas de Ruanda o de Chile tienen los mismos derechos que las víctimas de Burgos, Madrid o Badajoz», afirmó Beltrán.
Además, Amnistía recuerda que «numerosos países de Europa, América Latina, ífrica y Asia, con todas sus limitaciones, han dado al menos algún paso para esclarecer la verdad sobre los crímenes del pasado» en su propio suelo, como Perú, Marruecos, Timor Oriental o algunos de los países en los que se desmembró Yugoslavia.