Ministerio Público (MP) solicitó autorizaciones judiciales para requerir información al Ministerio de la Defensa que permita la investigación de 10 militares, por su presunta implicación en el caso de la quema de la Embajada de España.
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La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, en aras de continuar con la individualización de los responsables de la toma y quema de la Embajada de España, el 31 de enero de 1982, solicitó al Juzgado Primero de Mayor Riesgo B, una autorización judicial para requerir información de 10 miembros del Ejército, ante el Ministerio de la Defensa.
Según datos de la fiscalía, de estos diez militares, de quienes no quisieron precisar nombres para no afectar la investigación, solicitarán a la Cartera la hoja de vida, así como un desplegado del historial de los puestos, indicando el cargo y la fecha del nombramiento.
Con esta información, el MP señaló que se iniciarían las pesquisas para determinar si existe algún indicio de su participación en el incidente que cobró la vida de 37 personas, entre ellas, el padre de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
En ese sentido, Lucía Xiloj, abogada y representante de Fundación Rigoberta Menchú, querellante adhesivo en el proceso, indicó que en el contexto en que se dio el siniestro, la Policía dependía directamente del Ejército, “que el MP esté investigando una posible participación de elementos militares en el caso, no es extraño”.
“La investigación no está cerrada, y se sigue buscando individualizar a los responsables; lamentablemente muchos ya han muerto, pero las diligencias continúan, pues hay personas con orden de captura pendiente”, indicó Xiloj.
También señaló que, por este caso, está pendiente la orden de captura internacional en contra de Aníbal Guevara, quien fue Ministro de Gobernación en el tiempo en que ocurrieron los hechos.
Por el siniestro, el único que enfrenta proceso penal es Pedro García Arredondo, antiguo jefe del Comando Seis de la desparecida Policía Nacional (PN).
EL SINDICADO
Por el caso de la quema de la sede diplomática española, el otrora policía Pedro García Arredondo enfrenta proceso por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, de los dos únicos sobrevivientes del hecho: el campesino Gregorio Yujá Xoná, quien fue encontrado muerto al día siguiente del siniestro, y Máximo Cajal, ex canciller español en Guatemala.
No obstante, García Arredondo quedó ligado al primer proceso en su contra el 25 de julio del 2011, bajo el delito de desaparición forzada del agrónomo Édgar Sáenz Calito, ocurrida el 6 de octubre de 1981.
Por este caso fue sentenciado a purgar 70 años, 40 por el delito de desaparición forzada y 30 por deberes contra la humanidad.
El 29 de noviembre del mismo año, García Arredondo fue ligado a un segundo proceso penal y enviado a prisión preventiva, esta vez por el caso del incendio en la delegación diplomática española.
El pasado 23 de febrero fue ligado al tercer proceso, en donde le fue imputado el asesinato de Jesús España y Adolfo Hernández, estudiantes que acompañaban el cortejo fúnebre de las víctimas del siniestro, hecho ocurrido el 2 de febrero de 1980.
Según la información del Ministerio Público, el juez Gálvez programó para el 1 de octubre la Audiencia de presentación de la acusación formal.