El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner pidió ayer a la Justicia la intervención de Aerolíneas Argentinas, de capitales españoles, a fin de garantizar las operaciones, al presumir que hay mala administración y cese de pagos, dijo una fuente judicial.
La respuesta del juez en lo Comercial Jorge Sicoli, quien recibió la demanda, fue citar a las partes a una audiencia para el martes próximo, según la fuente.
La empresa reconoce una deuda de 400 millones de dólares y en los últimos meses los salarios de los 9 mil empleados se pagaron con créditos del estatal Banco Nación, dijo a su vez una fuente de los sindicatos aeronáuticos, que respaldaron el pedido de intervenir Aerolíneas Argentinas.
En un escrito, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner reclamó «la inmediata designación de un interventor judicial con facultades informativas o como coadministrador» de la compañía y pidió que se la intime a pagar los salarios adeudados de junio.
La crítica situación de la empresa, en manos del grupo español Marsans, preocupa a Kirchner, quien se comunicó esta semana dos veces con el jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, según una fuente gubernamental.
El pedido de intervención judicial se presentó días después de que la presidenta suspendió una visita oficial a España, la primera durante su mandato, prevista para el 14 y 15 de julio, aunque esta decisión fue atribuida al conflicto con los agricultores por los impuestos a la soja.
Cuatro sindicatos aeronáuticos también hicieron ayer presentaciones para dejar asentados ante la justicia sus reclamos de deudas salariales, entre otras denuncias.
Aerolíneas Argentinas y Austral –ambas controladas por Marsans– concentran el 80% de los vuelos de cabotaje.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dijo a la prensa que la Justicia deberá fijar «el camino a seguir en esta coyuntura para que se puedan abonar sueldos, pagar cargas sociales, aportes patronales y todo lo que corresponde no sólo a la seguridad de los trabajadores, sino también a seguridad de operación aérea».
El paquete accionario de Aerolíneas Argentinas se reparte en un 94,40% para el Grupo Marsans, 0,60% para los empleados y 5% para el Estado.
En mayo se firmó un acuerdo marco para el ingreso de capitales públicos y privados argentinos a la compañía, para sumar en conjunto 65% de las acciones, pero aún no se concretó.
El Gobierno no pudo avanzar en el plan «por el cuadro de deterioro de la empresa y su incapacidad técnica de operar, agravado por la imposibilidad de pagos (de deudas) muy importante», dijo Jaime.
El atraso en el pago de salarios de junio derivó el miércoles en una huelga de aeronáuticos, en la que intervino el ministerio de Trabajo, que finalmente acordó pedir la intervención judicial.
De su lado, los sindicatos se comprometieron a abstenerse de huelgas durante 60 días, en una época clave que incluye las vacaciones del invierno austral en Argentina, aunque pronostican que no podrá cumplirse con los vuelos vendidos por falta de aviones, dijo una fuente gremial.
Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990, cuando fue adquirida por la española Iberia.
En octubre de 2001 el grupo Marsans pasó a controlar la compañía con casi 95% de las acciones, por un valor simbólico de un dólar, mientras que el Estado aportó un subsidio de 700 millones de dólares para cubrir pasivos.