La fiscalía especial para la CICIG solicitó informes contables a once empresas privadas que realizaron ventas al Ministerio de la Defensa durante 2001, cuando esta entidad fue defraudada por más de Q120 millones, y por lo que Alfonso Portillo está ligado a proceso.
Según la Fiscalía, los documentos consistentes en facturas y libros de contabilidad, otorgarían datos sobre la venta de repuestos, vehículos, mobiliario, entre otros comprados supuestamente por el Ministerio de la Defensa en ese período.