La fiscalía solicitó este lunes a un juez español que pida la extradición del presunto miembro de ETA Arturo Cubillas, residente en Venezuela, alegando que su nacionalidad venezolana no es un obstáculo.
El fiscal Vicente González Mota requirió en un escrito al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, Eloy Velasco, «que proponga al gobierno español que solicite a las autoridades venezolanas la extradición del procesado Cubillas», según el escrito del fiscal, difundido este lunes.
Según el fiscal, «la nacionalidad venezolana del reclamado no es un obstáculo para la concesión de la extradición».
Alega que según un tratado firmado entre Venezuela y España, «el rechazo de la extradición por tal motivo es potestativo y no preceptivo, pero el Estado requerido está obligado a cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales».
Además estima que «los delitos por los que ha sido procesado son susceptibles de extradición», ya que son «actos de terrorismo», por lo que no pueden considerarse «delitos políticos».
La justicia española emitió en marzo una orden de detención de Cubillas por considerarlo «responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde el año 1999», de encargarse de «coordinar las relaciones con las FARC» colombianas y de «la participación de integrantes de la ETA en cursillos de explosivos».
El jueves, la fiscal general venezolana Luisa Ortega declaró que su país no extraditará a España a Cubillas porque posee nacionalidad venezolana, aunque sí está investigando sus presuntas relaciones con la organización independentista armada vasca ETA.
El viernes, la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, había declarado que el ejecutivo «cursará» la demanda de extradición de Cubillas si la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, la solicita.
Hace dos semanas, dos presuntos miembros de ETA detenidos en España declararon que habían recibido cursillos de formación en Venezuela de la mano de Cubillas en 2008.
La justicia, que ya había pedido su detención en marzo, y el gobierno español pidieron a Caracas colaboración en la investigación y las autoridades venezolanas se comprometieron a cooperar.
La semana pasada, el propio Cubillas, que tiene un puesto de directivo en el ministerio venezolano de Agricultura, acudió a la fiscalía venezolana para pedir que se le investigue, argumentando su «indefensión» ante acusaciones que lo vinculan a ETA, y la fiscalía aceptó su petición.
La confesión de los presuntos miembros de ETA desató en Venezuela una polémica que se suma a la de marzo, cuando un juez español ordenó, además de la detención de Cubillas, la de otros 11 miembros de ETA y las FARC en el marco de una investigación sobre la supuesta colaboración entre ambos grupos.
El juez dijo entonces que esa colaboración contó con la «cooperación gubernamental» venezolana, lo que el presidente Hugo Chávez niega.
El gobierno español ya declaró que no sospecha de que el gobierno venezolano tuviera conocimiento del entrenamiento de miembros de ETA en Venezuela.
ETA, considerada organización terrorista por la Unión Europea (UE), es responsable de la muerte de 829 personas en más de 50 años de violencia por la independencia del País Vasco.