En 2006 la Iglesia católica registró a su nombre la mezquita-catedral de Córdoba, un monumento declarado en 1984 Patrimonio de la Humanidad. Ahora, una campaña reclama a través de Internet que se devuelva la titularidad pública a esta joya del arte andalusí construida en el sur de España.
El debate ha reabierto otro más amplio sobre los privilegios de la Iglesia a la hora de inmatricular inmuebles a su nombre, es decir, de inscribirlos en el Registro de la Propiedad por primera vez.
Colectivos laicistas denuncian que en el último medio siglo miles de templos pasaron a manos de la institución religiosa en virtud de una ley aprobada en 1946, en plena dictadura de Francisco Franco (1936-1975), que permitía a los obispos registrar bienes sin tener que demostrar documentalmente su propiedad.
En 1998, el gobierno conservador de José María Aznar fue más allá y extendió a los templos de culto estos registros, permitiendo a los obispos ejercer como funcionarios públicos a través de un proceso sencillo y barato.
Inmatricular la mezquita de Córdoba costó 30 euros hace ocho años. El monumento es visitado cada año por 1.2 millones de personas, que pagan ocho euros (11 dólares) por la entrada. El total anual recaudado asciende a unos 10 millones de euros (13.8 millones de dólares).
«Esa recaudación es para la Iglesia y, además, está exenta de impuestos, ya que se considera ‘donativo’», critica en conversación con dpa Juanjo Picó, portavoz del colectivo Europa Laica en España.
La tramitación de una reforma de la ley de 1946 por parte del gobierno conservador de Mariano Rajoy recortará el privilegio de las inmatriculaciones «exprés» a la Iglesia, pero la norma tardará un año en entrar en vigor.
Los colectivos laicistas advierten de que los obispos aprovecharán esta suerte de moratoria para inscribir aquellos templos que todavía no están a su nombre. Piden, además, que la reforma se aplique de forma retroactiva, es decir, que se restituyan los bienes inmatriculados por la Iglesia para otorgarles un uso civil.
«¿Cómo se puede permitir que todos los bienes que la Iglesia ha usurpado en estos años sigan en sus manos?», se preguntan desde Europa Laica.
La polémica está servida, especialmente en los casos en los que no hay documentos que acrediten quién es el dueño de un templo.
Hace unos días, el debate recaló en el Senado español. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó de «despropósito económico y jurídico» la posible expropiación de la mezquita de Córdoba -ahora catedral católica- y aclaró que la indemnización que habría que pagar a la Iglesia sería muy alta.
Pero en las últimas semanas, más de 350 mil personas apoyaron en Internet la campaña que reclama «una mezquita-catedral de todos», es decir, la gestión pública de un monumento que comenzó a contruirse en el año 785, cuando los árabes dominaban el sur de la península ibérica, y que cuatro siglos más tarde se convirtió en catedral católica.
El manifiesto fue secundado por numerosas organizaciones y personalidades de la cultura, como el arquitecto Norman Foster o los escritores Antonio Muñoz Molina, Antonio Gala, José Manuel Caballero Bonald o Juan Goytisolo.
«Ante los continuados intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de Córdoba, incumpliendo gravemente los principios que inspiraron dicho reconocimiento, desde la ciudadanía pedimos la intervención de las administraciones públicas y de la Unesco con el fin de preservar del peligro que corre su declaración como Patrimonio Mundial», reza el alegato en la plataforma virtual change.org.
Durante muchos años, la mezquita de Córdoba no tuvo dueño reconocido y no fue hasta 2006 cuando la Iglesia la registró a su nombre, en virtud a la ley aprobada por Aznar.
Este caso se repite a lo largo y ancho de la geografía española. Aunque no se ha difundido un número oficial de los templos religiosos inmatriculados por la Iglesia en los últimos ocho años, colectivos laicistas dan por bueno el dato publicado recientemente por el diario español «El País», que citaba 4 mil 500, e incluso consideran que el número podría ser mayor. «Solo en la región de Navarra (norte de España) son más de mil inmuebles», explica Picó, quien lamenta «un oscurantismo total en torno a este tema por parte de las administraciones públicas».
Algunos eran propiedad de la Iglesia; otros estaban considerados bienes comunales o pertenecían a los municipios. «El problema a la hora de reclamarlos es que, si hay duda o no existe documentación que lo acredite, los procedimientos judiciales se hacen eternos y son carísimos», aclara Picó.
Los colectivos laicistas reconocen que no todos los templos inmatriculados han sido usurpados. «Pero sí una gran mayoría», dice Picó. «Los que nos preocupan son aquellos que tienen una historia y una certeza comunal, pero de los que no hay certeza documental».
«Inmatricular es hasta ahora facilísimo: basta con que un obispo vaya al registro de la propiedad y pague 30 euros (unos 40 dólares), pero desmatricular se complica mucho más», puntualiza.