Los juicios contra el ex presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe, deberían ser eliminados para abrir el camino al retorno de Honduras a la OEA, estimó la comisión que estudia la reincorporación de ese país, en un informe divulgado ayer.
La comisión, que se entrevistó con Zelaya y el actual presidente hondureño, Porfirio Lobo, entregó el jueves su informe y ahora la organización debe llamar a una Asamblea General para estudiar sus conclusiones y decidir el eventual retorno de Honduras, expulsada tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
«La Comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto» contra Zelaya «y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras», indicó el informe, que también recomienda mejorar la situación de los derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que encabezó la comisión, ha señalado que uno de los principales obstáculos para el regreso de Honduras es la imposibilidad de Zelaya, asilado en República Dominicana, de volver a su país.
La comisión aseguró que los juicios abiertos contra Zelaya durante el golpe de Estado, bajo cargos de traición a la patria y abuso de autoridad, entre otros, se dieron «cuando se vivía una situación de ruptura constitucional» y son percibidos como «políticamente motivados».
Zelaya fue derrocado en junio de 2009, cuando intentaba realizar una consulta -que había sido declarada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de cambiar la Constitución para poder ser reelecto.
Tras las negociaciones entre el gobierno de Lobo y Zelaya, la comisión recomienda que los juicios sean declarados nulos luego de que un abogado del segundo así lo solicite, o que sean congelados mientras sesiona la Comisión de la Verdad, que estudia los hechos del golpe.
Lobo tiene disposición de otorgar a Zelaya protección como ex presidente, resaltó la comisión, conformada durante la última Asamblea General de la OEA en Perú a principios de junio.
Asimismo, la comisión constató que Lobo ha avanzado en el cumplimiento de los derechos humanos, pero su gobierno debe impulsar las investigaciones de asesinatos de personas desde el golpe, así como proteger y evitar el hostigamiento de periodistas, defensores de DDHH y periodistas.
Insulza y algunos países, liderados por Estados Unidos, defienden el retorno de Honduras a la organización, pero varios otros países siguen oponiéndose, porque consideran que aún no se ha restablecido completamente el Estado de derecho.
Lobo reconoció el jueves que el retorno a la OEA «no puede ser rápido».