El Ministerio Público solicitó a través de un memorial al Juzgado de Instancia Penal de Cuilapa, Santa Rosa, la orden de aprehensión para que sean escuchados doce mareros acusados de la muerte de los cuatro ex agentes de la DINC.
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En base al testimonio de unas ocho personas, el ente investigador habría hecho la petición al juzgado que dirige la jueza Miriam Blanco, la orden de aprehensión en contra de doce personas que ya se encuentran en prisión cumpliendo condenas por otros delitos.
De acuerdo con lo informado por el jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, ílvaro Matus, la legislación vigente en nuestro país permite al MP solicitar la captura de las doce personas, pese a que estas se encuentran detenidas acusadas de otros hechos ilícitos.
«Luego de la individualización de las doce personas, a través de un memorial hemos pedido a la jueza autorizar la orden de captura en contra de estos individuos sospechosos de haber dado muerte a los cuatro ex agentes de la DINC», explicó Matus.
Según lo informado por el fiscal, para la petición hecha en la judicatura se cuenta con la prueba testimonial y científica.
«Dentro de los testimonios tenemos los de elementos del sistema penitenciario y de los reclusos de El Boquerón que se supone escucharon y vieron cómo se cometió el crimen», comentó.
La hipótesis de la fiscalía hasta hoy, da cuenta que el 25 de febrero recién pasado, varios reos integrantes de las maras Salvatrucha y Dieciocho, entraron al área de aislamiento del penal y dieron muerte a los policías Luis Arturo Herrera López, Gustavo José Adolfo Gutiérrez, Marvin Escobar y José Korki López.
Las primeras investigaciones refieren que para el asesinato de los cuatro ex agentes de la DINC, los victimarios habrían utilizado armas de fuego, armas blancas, una pesa y otros objetos aún no localizados.
El ente investigador acogerá como testigos protegidos a ocho personas que habrían revelado datos en relación a lo sucedido con la muerte de los cuatro policías que guardaban prisión sospechosos del asesinato de los tres diputados salvadoreños y el conductor del vehículo donde se transportaban.
Por este caso más de veinte empleados del Sistema Penitenciario se encuentran detenidos acusados del delito de asesinato, incumplimiento de deberes y encubrimiento.