En la Corte Suprema de Justicia fue presentada una solicitud de antejuicio en contra del Superintendente de Bancos Willy Waldemar Zapata, señalado de incurrir en los delitos de omisión de denuncia, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y complicidad.
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La petición fue planteada por el abogado Carlos Israel Velásquez Domínguez en representación de la inversionista de la offshore de Banco de Comercio, S.A., Margarita Dubón Quintanal viuda de Lobo, que habría sido estafada a través de la empresa Organizadora de Comercio, S.A.
Velásquez Domínguez refiere que aunque es sabido que el Superintendente de Bancos no goza de antejuicio, la solicitud planteada en esta ocasión tiene como fundamento lo que establece la Ley de Supervisión Financiera en el artículo15, en el epígrafe de Protección Legal de la referida normativa, que permite el accionar de forma jurídica en contra del funcionario.
«Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en apego a las leyes específicas del sistema financiero y bancario del país, deben agotar la vía del antejuicio para proceder a formación de causa en contra de quien debe responder en cuanto a su responsabilidad por los delitos que ya se mencionaron», expresó el abogado.
El jurista menciona que los magistrados de la CSJ deben acoger dicho antejuicio y conforme al procedimiento establecido deberán designar un juez pesquisidor y que al agotarse la investigación correspondiente declare que ha lugar la formación de causa y levantar la inmunidad que inviste al Superintendente de Bancos, Willy Zapata.
Niegan solicitud de antejuicio
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in límine la solicitud de antejuicio promovida por Jaime Alfredo Escobar Rivera en contra del ministro de Economía Marcio Rolando Cuevas Quezada; Hugo Eduardo Beteta Méndez Ruiz, Ministro de Finanzas; Bernardo López Figueroa, Ministro de Agricultura, y Eduardo Meyer Maldonado, diputado del Congreso de la República, todos ellos miembros de la Junta Monetaria.
En la resolución de la CSJ se menciona que ese órgano jurídico estima, del estudio de las actuaciones, que los funcionarios denunciados, en su calidad de miembros de la Junta Monetaria en ningún momento realizaron actos que encuadren su comportamiento dentro de las figuras delictivas de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, concusión y encubrimiento propio; tomando en cuenta que dichas figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueren consecuencias de una acción y omisión normalmente idónea para producirlas.
«Del análisis del expediente se desprende que los funcionarios denunciados han actuado en ejercicio del cargo que ostentan como miembros de la Junta Monetaria en el pleno uso de sus facultades regladas por la ley y en virtud de que no concurren elementos que determinen su antijuricidad, conforme a los argumentos vertidos por el querellante, es procedente rechazar in límine las presentes diligencias de antejuicio».