Treinta años después del asesinato de los líderes políticos Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta, esta mañana miembros de la Asociación Adolfo López Mijangos presentaron una denuncia formal en el MP contra los altos mandos militares de 1979.
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Pese a que luego de los asesinatos perpetrados durante el conflicto armado interno se iniciaran investigaciones sumarias, a causa de la misma represión de Estado la labor de los jueces que tenían a cargo las pesquisas en aquellos años fue inhibida, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Danilo Rodríguez, representante de la Asociación Adolfo Mijangos, recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron durante esos años que el mismo Estado impedía la función judicial.
Los imputados por los asesinatos de Fuentes Mohr -ocurrido el 25 de enero de 1979-, así como el de Colom Argueta -en marzo del mismo año-, son el jefe del Estado Mayor del Ejército, de la regional de telecomunicaciones, el Ministro y Viceministro de la Defensa, los generales David Cancinos y Aníbal Guevara, coroneles Héctor Ismael Montalbán, German Chupina, y el capitán Byron Barrientos.
También se señala a los civiles que ejercían como funcionarios públicos en esa misma época: Donaldo ílvarez Ruiz, Manuel de Jesús Valiente y Pedro García Arredondo. Varios de los sindicados han fallecido.
«Exigimos que el MP empiece a cumplir con su obligación constitucional. (…) La única investigación que se ha hecho es la que hizo la CEH, allí hay datos», señaló Rodríguez.
CONDICIONES
Danilo Rodríguez, uno de los firmantes de la denuncia, explicó que la acusación se efectúo hasta ahora porque existen las condiciones para hacer la exigencia al MP.
Entre ellas señaló la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual indica que el Estado no puede abstenerse de juzgar ningún delito cometido en cualquier tiempo, lo cual, a criterio de los denunciantes, «echa por la borda la Ley de Reconciliación Nacional».
Rodríguez también refirió que el ofrecimiento que hizo el mandatario ílvaro Colom de abrir los archivos militares, así como la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual «ha señalado que el MP es una tapadera y reproductor de la impunidad», son fundamentales para que la investigación sea resuelta.
Amigos y compañeros de militancia del Frente Unido Revolucionario y el Partido Socialista Democrático, a los que pertenecían los asesinados, se presentaron al MP para hacer la denuncia.
En su visita a Guatemala, el ex presidente de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), Christian Tomuschat, reconoció que la labor de la justicia en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado es un tema pendiente.
«España es el único país donde la justicia se ocupa de los crímenes cometidos en Guatemala», dijo Tomuschat, quien lamentó la reacción «lenta» de la Fiscalía para aprovechar la información otorgada por el CEH en distintos casos de genocidio.
El próximo viernes se celebrará el décimo aniversario de la entrega del informe de resultados del CEH en Guatemala, para la cual Tomuschat ha visitado el país.