Intervención de las fuerzas de seguridad en la comunidad de Punta Arenas de Lívingston, Izabal, el pasado 15 de marzo en los operativos realizados para rescatar a turistas belgas, incurrió en violaciones a los derechos humanos.
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La denuncia pública fue realizada hoy por el Movimiento de Convergencia por los Derechos Humanos, el cual aglutina a diversas instituciones dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales, quienes luego de realizar una investigación de lo sucedido en Punta Arenas señalan que se cayó en ejecución extrajudicial del campesino Mario Caal.
Otros de los señalamientos surgidos son el de abuso de la fuerza, secuestro e incumplimiento de deberes de parte del fiscal, quien dirigió los allanamientos, en los cuales, según Iduvina Henández, se habría apuntado con armas de fuego a población civil.
Razón por la que la Convergencia por los Derechos Humanos demanda del viceministro de Gobernación, Edgar Hernández Umaña, presentar toda la información disponible en los operativos que fueron realizados el pasado 15 de marzo.
De igual forma se pide al ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, agilizar las investigaciones internas para determinar quiénes fueron los agentes que incurrieron en la violación de derechos humanos. Se solicita además al Fiscal General de la Nación, Juan Luis Florido, realizar investigación de los hechos ocurridos en los que resultó muerto Mario Caal.