Legisladores e investigadores sudamericanos llamaron a poner fin a la impunidad que ampara a los represores de las dictaduras que gobernaron la región al concluir en Brasil un seminario de dos días sobre la Operación Cóndor.
Una declaración emitida al concluir el foro anoche exigió «una nueva interpretación» de los instrumentos legales que cada dictadura adoptó para garantizar la impunidad de los actos de represión cometidos por los regímenes castrenses.
Los participantes del seminario en la Cámara de Diputados de Brasil urgieron que «agentes de Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean procesados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes», según una declaración.
El llamado se produjo el mismo día de la histórica condena del exdictador argentino Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por la ejecución de un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar en ese país.
«No se trata de una voluntad personal sino de una demanda de la sociedad», manifestó la diputada brasileña Luiza Erundina, una de las organizadoras del seminario, sobre la necesidad de que la justicia procese a los responsables de los crímenes cometidos durante las dictaduras.
La diputada Erundina es autora de un proyecto de ley que busca reinterpretar la ley de amnistía de 1979 que ha impedido que Brasil lleve a la justicia a militares responsables de torturas y asesinatos durante la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985. Su iniciativa no ha avanzado en el proceso de trámite legislativo.
A diferencia de Argentina, Chile y Uruguay, Brasil no ha procesado a los agentes de su dictadura militar involucrados en crímenes de lesa humanidad y recién este año estableció una Comisión de la Verdad para investigar tales hechos.
En la declaración final del foro de Brasilia, los participantes se propusieron impulsar la conformación de un tribunal sudamericano que sirva como corte civil de investigación y enjuiciamiento de «actos graves de violación de derechos humanos».
El seminario congregó el pasado miércoles y ayer a legisladores, investigadores y activistas de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos para discutir la Operación Cóndor, una alianza represiva de los regímenes de fuerza que gobernaron la región entre los años 60 y 80.