Diferentes sectores de la socidad guatemalteca demandaron abolir la pena de muerte, luego de que el presidente Alvaro Colom vetara el viernes una ley que restituí­a su aplicación, suspendida desde el año 2000.

Para el presidente de la Gremial de Industriales Exportadores, Ricardo Sagastume, con la decisión del gobernante «Guatemala está dando un paso importante, pues hay que superar la etapa del salvajismo».

Colom vetó una iniciativa de ley del Congreso restituyendo la pena de muerte, la cual está suspendida desde que el por entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó el indulto presidencial, establecido en la Constitución por lo que se creó un vací­o legal para su aplicación.

«No se ha logrado comprobar que esa pena sea disuasiva. Un criminal no va a dejar de matar por la existencia de ésta, pues probablemente no imagina que será sorprendido en su crimen y, menos, juzgado por él», consideró, a su vez, el abogado constitucionalista Jorge Barrios.

«Aplaudimos la decisión del mandatario. Fue muy valiente al hacerlo, a pesar de que los partidos de oposición insisten en que se debe aplicar la pena de muerte», comentó la activista de la entidad Seguridad en Democracia, Iduvina Hernández.

«Combatir la violencia con violencia no es la cura para la evolución de una sociedad; la pérdida perpetua de la libertad, en un sistema penitenciario efectivo, es la mejor condena. Esto se ha comprobado en paí­ses más civilizados», consideró el vicepresidente guatemalteco, Rafael Espada.

«Los problemas de seguridad son estructurales, y no se solucionan aplicando la pena de muerte», puntualizó el presidente de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), José Pinzón.