Abogados de CALDH solicitaron a la CSJ agilizar la resolución final del último amparo interpuesto por Efraín Ríos Montt, en el caso de la apertura de los Planes Militares, el cual mantiene el caso suspendido.
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Ríos Montt recusó a Jorge Mario Valenzuela, juez Contralor del proceso iniciado por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación; sin embargo, una sala de Apelaciones declaró sin lugar la recusación, por lo que el militar interpuso una acción de amparo.
En marzo último, Valenzuela, entonces juez Segundo de Primera Instancia, recibió dos de los cuatro planes militares que las organizaciones demandantes buscan investigar; sin embargo, la defensa de Ríos Montt, implicado en el proceso, recusó al juez e intentó bloquear la diligencia en la que éstos serían entregados por el Ministerio de la Defensa.
Los documentos en mención son Plan Campaña Victoria 82 y Plan Firmeza 83. Sin embargo, no son los únicos, ya que los documentos denominados Plan Sofía y Operación Ixil, no fueron entregados por el Ejército al Juzgado.
Representantes legales de CALDH presentaron en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de un memorial, los últimos argumentos para rechazar el amparo que interpuso la defensa de Ríos Montt.
Francisco Soto, abogado querellante en ese proceso, explicó que «lo que le estamos pidiendo a la Cámara Penal de la CSJ es que lo declare (el amparo) sin lugar, ya que el juez Contralor del proceso tomó posesión el 13 de octubre en una sala de Apelaciones, y el amparo queda sin materia y esperamos que la Corte resuelva inmediatamente», declaró.
Soto añadió que, mientras el amparo y la inconstitucionalidad presentada por la defensa de Ríos Montt, «generan la imposibilidad de presentar acciones judiciales», e insistió en que la acción no tiene materia para que continúe reteniendo el proceso.
Eduardo Cojulum, juez Undécimo de Primera Instancia Penal, solicitó por tercera ocasión al Ministerio de la Defensa y al juzgado Segundo, una copia certificada de los planes militares contrainsurgentes en posesión de esas instancias, que sería remitido a España como prueba dentro del proceso allá investigado.
En dos oportunidades anteriores, las instancias que poseen los documentos se han negado a entregar una copia que fue solicitada por medio de una carta rogatoria suscrita por Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional de España, donde está abierto un proceso por genocidio ocurrido durante el conflicto armado.