Una brasa recibió este día el Procurador de Derechos Humanos, Jorge De León Duque, cuando la diputada Nineth Montenegro le entregó un memorial donde pide que se pronuncie por el caso de la Portuaria Quetzal, proyecto que ha desatado muchas críticas por posibles irregularidades.

“Acudimos a la PDH como última y prioritaria instancia para que se pronuncie sobre la concesión que el Gobierno entregó a una empresa española sin haber pasado por la Ley de Compras y Contrataciones” explicó la congresista, quien en horas de la mañana se enfiló hacia la entidad, acompañada de los diputados de la bancada.
 
El tema del usufructo oneroso que contempla la construcción de una terminal de contenedores en el Puerto Quetzal sigue generando críticas, pese a que recientemente el Procurador General de la Nación, Larry Robles dio el visto bueno. Para la diputada hay irregularidades a todas luces, lo que hace necesario la intervención del magistrado de conciencia.

“Él debe promover acciones o recursos judiciales y administrativos en caso en que se procese y sea flagrante la violación; se violaron dos leyes, la Ley de Contrataciones en su artículo 38, que dice claramente que la compra o contratación deberá hacerse por licitación pública cuando el monto de bienes exceda las cantidades de Q900 mil; tuvo que haber pasado por licitación. También se violó la alianza pública y privada, ya que el tema debió pasar por el Congreso” explicó la diputada.

En tanto, el magistrado de conciencia, Jorge de León, señaló que evaluarán el tema para fijar una postura. Algunos congresistas consideran que será una prueba de fuego para el Procurador.

CONTRATO EN LA MIRA
Las irregularidades que han salido a luz, evidencian cada vez más que el contrato no se realizó con el debido proceso. Sino por el contrario, prevaleció la secretividad y fue hasta que la bancada Líder anunció las intenciones del Gobierno de conceder un contrato millonario a la empresa.

Aunque el PGN, Larry Robles dio luz verde recientemente, en una reunión sostenida con la bancada semanas atrás, personal de la Contraloría señaló que el negocio no generaría los ingresos que actualmente tiene la Portuaria a través de sus cuentas de ahorro. Al momento se mantiene la inconformidad de los sindicatos.

Pese a esto, el Ejecutivo sigue defendiendo a capa y espada un contrato que se mantiene en la mira de la sociedad civil y congresistas.