El boicot que han declarado contra Arizona organizaciones hispanas, algunas empresas y hasta ciudades de Estados Unidos en rechazo a la nueva ley de inmigración de ese estado del sur estadounidense, se estaría empezando a sentir, aseguró Phillip Gordon, alcalde de Phoenix, la capital estatal.
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En conversación con BBC Mund, Gordon es el funcionario público de más alto perfil que se ha enfrentado a la ley adoptada por la legislatura para regular la inmigración y que, según sus críticos, autoriza el uso de perfiles raciales para detectar indocumentados.
El alcalde, quien carece del apoyo del Consejo de la ciudad en sus esfuerzos, considera que la ley es inconstitucional, aunque reconoce que «hay un problema» cuya única solución pasa por un reforma integral del sistema migratorio estadounidense.
Por otro lado, el funcionario confía en que el gobierno de Barack Obama introducirá una demanda contra la ley antiinmigrantes del estado del suroeste estadounidense, ya que el presidente, aseguró, está «directamente involucrado» en este tema.
Gordon indicó que ha mantenido conversaciones en las últimas semanas con varios funcionarios del gobierno y representantes de la Casa Blanca, y se mostró «muy optimista de que el Departamento de Justicia va a introducir una demanda», durante un debate en el progresista Center for American Progress.
El texto firmado el 23 de abril por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que obliga a los policías a detener y exigir documentos a cualquiera que les parezca extranjero, ha sido criticado por Obama, quien instruyó a su gobierno estudiar la posibilidad de su impugnación judicial.
Gordon dijo que desde que fue promulgada la ley, que debe entrar en vigencia en poco más de dos meses, ha realizado visitas semanales a Washington para discutir el tema con funcionarios del gobierno.
El alcalde de la capital de Arizona, que señala que su «meta es ver revocada esta ley lo más pronto posible», dijo que también se ha reunido con congresistas, pero se mostró pesimista con la posibilidad de hacer avanzar una reforma migratoria.
«Hasta los demócratas en el Senado se muestran reacios» ante el tema migratorio «por lo menos hasta después de las elecciones legislativas de noviembre», dijo Gordon. «No hay suficientes votos demócratas en el Senado», lamentó.
«Nuestro sistema migratorio está tan quebrado que permite que los extremistas controlen el debate», dijo el alcalde.
Afirmó que la gobernadora de Arizona, aunque «sabe que la ley es equivocada e inmoral», la promulgó, «porque quiere ser reelecta».
El alcalde se opone a la ley porque afirma que obliga a la policía a distraer sus recursos al asumir competencias migratorias y que lleva a la población a no colaborar con las autoridades por temor a que los interroguen por su estatus legal.
«Nosotros perseguimos a los criminales, pero Arizona se está convirtiendo a sí mismo en un Estado santuario para los criminales», agregó.
Phoenix tiene 1,5 millones de habitantes, un 15% de la población total de Arizona, aunque su área metropolitana tiene más de 4 millones de habitantes.