Tras una solicitud del presidente de la Comisión de Probidad, Amílcar Pop, la Procuraduría General de la Nación (PGN) inició un análisis por posible lesividad del contrato que el Ministerio de Gobernación suscribió con la empresa que actualmente presta el servicio al Estado de extensión de permisos para conducir.
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El procurador general de la nación, Vladimir Aguilar, indicó que aún no tienen mayores hallazgos y resultados del análisis efectuado, porque hace falta documentación para poder hacer un análisis jurídico objetivo.
De acuerdos a los abogados de la PGN, hasta ahora lo único que se ha encontrado en torno a este tema ha sido una investigación encaminada en el Ministerio Público (MP) por los delitos de incumplimiento de deberes y estafa.
El diputado Pop expresó que lamenta el poco avance que ha hecho la PGN en torno a este tema, ya que la misma documentación del contrato que entrega el Ministerio de Gobernación señala irregularidades, tal como el contrato suscrito el año pasado entre la empresa que emite la licencia con el Ministerio de Gobernación, esto debido a que no fue sometido a concurso.
El asesor de la Comisión de Probidad también resaltó la falta de control que ha tenido dicha empresa y que eso se demuestra con la ausencia de documentos de auditorías.