El tema de la energía en Guatemala ha recobrado vigencia ante la crisis energética mundial recién pasada, hizo desempolvar algunos proyectos que dormían el sueño de los justos en algún archivo del Ministerio de Energía y Minas desde hace varios años.
Desde la época del primer gobierno de «empresarios» las solicitudes de empresas multinacionales llegaron por montón; las condiciones de entreguismo del Estado a manos privadas hizo eco en el mundo, y los inversionistas ni lerdos ni perezosos se apersonaron para inquirir sobre el asunto.
De esa cuenta y desde esas fechas se están trabajando en el Ministerio de Energía y Minas, los expedientes de al menos unas ocho empresas que manifestaron interés en la exploración y explotación de gas y petróleo en la plataforma marítima guatemalteca.
De esa forma, durante las postrimerías del segundo gobierno de «empresarios» se prepararon las primeras licitaciones; proyecto que ahora deberá continuar el actual equipo de gobierno, del cual, por el momento, no dudamos que aplicará criterios sociales y de beneficio para el país, cuando se adjudiquen.
Según las autoridades del MEM existen por lo menos veinte áreas de exploración que ya fueron puestas en licitación; lo anterior, significa que las posibilidades energéticas de Guatemala son reales y además susceptibles de explotación por las multinacionales que tienen la tecnología y el capital para hacerlo.
En Moyuta hay gas, en El Petén hay petróleo, en muchos Departamentos del país hay ríos con capacidad para la instalación de hidroeléctricas, en la plataforma marítima se tiene localizados mantos petrolíferos; entonces… esa gran capacidad energética hay que aprovecharla y concesionarla con las mejores condiciones para que el país obtenga ingresos sustanciales que permitan la proyección social en los ramos de educación, salud y seguridad.
Es necesario revivir las instituciones estatales que fueron cuasi aniquiladas por los gobiernos de «empresarios», en especial al INDE y nombrar para dirigirlo a técnicos guatemaltecos, capaces, honrados y honestos (que si hay) con valores morales que les permitan trabajar con transparencia en beneficio de la población.
La proyección social del actual gobierno, es manifiesta en algunas de las acciones que hasta ahora ha realizado; la crítica de la «oposición» política y de los sectores oligarcas domésticos se ha dejado escuchar y se desgarran las vestiduras porque sienten que la actual administración se enfila al nuevo socialismo al estilo suramericano.
¿Qué tal sería que, se promulgara una ley que contemple la pena capital, es decir, la pena de muerte para todo aquel funcionario ladrón, mañoso, demagogo, mentiroso, falso, engañador, estafador y «estúpido»? La respuesta sería: ¡Nos quedamos sin funcionarios!