La caí­da en el precio del petróleo, además de motivar un clima positivo para la población con una considerable baja en los combustibles, también trajo una nueva visión del valor que este commoditie tiene en el paí­s.

Mientras que la caí­da de los últimos meses del «light sweet crude» ha sido motivo de preocupación para los miembros de la Organización de Paí­ses Exportadores de Petróleo (OPEP), este comportamiento internacional ha permitido que cientos de paí­ses, incluido Guatemala, recobren el aliento al ver como descienden los precios de los combustibles.

Tras varios años de escalada en el crudo, ahora las cosas parecen mejorar en el ámbito energético y con ello también se esperan nuevas disposiciones en la Casa Presidencial, que en momentos de «crisis» inició procesos para enfrentar los malos momentos en el sector energético.

Ahora, se reanuda el diálogo sobre el valor que tiene el petróleo para la economí­a interna y se inicia una revisión de los compromisos internacionales y nacionales que están aunados con el crudo y sus derivados.

Petrocaribe: a revisión

Uno de los más importantes convenios energéticos que el Gobierno planea suscribir es la iniciativa Petrocaribe, que supone la compra diaria de 20 mil barriles de diésel a Venezuela, con un financiamiento de la mitad de la factura en un plazo de 25 años, a una tasa de interés del 1 por ciento y dos años de gracia.

Dentro de las acciones que espera del Ejecutivo, el diputado Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, dice que en primer orden se encuentra una revisión de la iniciativa Petrocaribe, así­ como del marco energético y financiero del paí­s.

«Desde nuestra bancada siempre hemos mantenido la postura de oposición a Petrocaribe, pues no observamos que el paí­s pueda obtener beneficios al suscribir acuerdos de ese tipo», señala.

Debido a que la iniciativa no ofrece beneficios en el costo de los combustibles sino en el financiamiento de largo plazo, Sinibaldi considera que la crisis internacional no es un buen indicador que permita a las autoridades «endeudar al paí­s».

La cuestión fundamental que plantea el legislador sobre la iniciativa, es la forma en qué se hará uso de los recursos que provengan del tratado, así­ como también la forma de fiscalización de los fondos financiados, y de los «posibles convenios polí­ticos con Venezuela». «Es algo muy difí­cil y complicado de fiscalizar».

En análisis

Otro de los factores que entran en el debate tras la caí­da de los combustibles, es el subsidio al transporte urbano, que actualmente se beneficia de un aporte estatal de Q33 millones mensuales.

El acuerdo suscrito entre la Gremial del Transporte Urbano (GTU) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda estableció que el Gobierno se comprometí­a a elevar la subvención en tanto que se incrementara el precio de los combustibles, y de igual forma se recortarí­a la ayuda con un descenso de los combustibles.

«Es momento de analizar una reducción del subsidio para el transporte urbano (…) así­ como estuvieron exigiendo un aumento cuando subió el diésel, ahora también se debe reducir el subsidio», expresa Edgar Guerra, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano.

Después de varios meses desde el acuerdo entre el Gobierno y la GTU, Guerra considera que la cartera de Comunicaciones debe buscar una nueva alternativa para solucionar los problemas en el trasporte urbano.

«En primera instancia se deben cumplir los acuerdos, pues se estableció que frente a un descenso considerable, también serí­a necesario un reajuste del subsidio, y a partir del próximo año serí­a posible mejorar el servicio para los usuarios», añade.