La baja intensidad de lluvias durante el actual invierno, que ha obligado a las hidroeléctricas del país a reducir su nivel de suministro de energía, debería ser motivo de sumo interés de las autoridades gubernamentales y municipales, para adoptar planes de envergadura de largo alcance, a fin de evitar que se agudice la crisis de escasez de agua potable.
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En Guatemala, el nivel de cobertura de la energía hidroeléctrica ha venido en descenso, lo que significa que el déficit es cubierto por plantas con base en combustibles fósiles, lo cual encarece el servicio. Ante esta situación el Estado podría adoptar medidas de emergencia, sólo para paliar la crisis, como casi siempre suele suceder en nuestro país, tal lo que está ocurriendo con la hambruna, que, según el Ministro de Salud, no sería de tal gravedad como lo informan los diarios impresos y electrónicos, Â sino que podría ser falta de apetito de las famélicas familias que sobreviven en condiciones infrahumanas en el área rural.
El problema de la escasez del líquido se está agudizando no sólo en Guatemala sino en todo el mundo, puesto que según una investigación del Programa de la ONU para el Medio Ambiente -que reporta la agencia de noticias IPS-, alrededor de 880 millones de personas, la mayoría en los países subdesarrollados, carecen en la actualidad de agua dulce, cifra que podría llegar a 4,000 millones de habitantes en el año 2030, es decir, dentro de apenas 20 años, cuando los bebés de ahora ya sean ciudadanos y los jóvenes se hayan convertido en adultos mayores.
El mercado mundial de agua asciende a unos 250 mil millones de dólares y podría elevarse a los 660 mil millones en un futuro no muy lejano, en el año 2020, lo que significa que el costo del agua potable se encarecerá, sobre todo por la creciente comercialización del vital líquido y la gran influencia de las empresas embotelladoras, lo cual, según expertos en la materia, obliga a reglamentar la gestión de este recurso natural, para que su acceso se convierta en un derecho fundamental del hombre.
La especialista canadiense Maude Barlow, asesora del presidente de la Asamblea General de la ONU, sustenta el criterio que se suscriba un tratado internacional sobre el derecho de acceso al agua, en el sentido de que no se le puede negar a ninguna persona porque no la puede pagar. Esta afirmación podría considerarse como una herejía en Guatemala y el resto de países latinoamericanos, porque ante la ausencia de recursos financieros de entes estatales, como las municipalidades que se encargan de suministrar este servicio, han proliferado las empresas que por medio de cisternas venden agua en áreas marginales, con precios que afectan la empobrecida economía de las familias más vulnerables de la sociedad.
Por su parte, gobiernos municipales de naciones industrializadas, como las ciudades canadienses de Vancouver y Toronto, prohibieron la venta de agua embotellada, en tanto que en Uruguay  se aprobó una reforma constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano y un servicio público que debe brindarse sin fines de lucro.
En lo que a los guatemaltecos nos concierne, no tenemos esperanza alguna que medidas como las adoptadas en Canadá y Uruguay se apliquen, porque el dinosaurio neoliberal está despierto.
(Romualdo Tishudo llega a la morgue buscando el cadáver de un amigo suyo ahogado en la represa de su pueblo, y cuando le preguntan si puede dar alguna señal particular para identificarlo, mi paisano responde: -Era sordomudo).