De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) en lo que va del año por delito de extorsión han sido capturadas 437 personas en flagrancia cometiendo delitos de extorsión. Otro dato de la Unidad contra Extorsiones refiere que 532 personas han sido detenidas, en flagrancia y por orden de captura.

Sin embargo, Raúl Figueroa de la Unidad contra Extorsiones del Ministerio Público (MP), estima que son más: “Solamente dentro de la capital aproximadamente van 400 capturados, mientras que en el territorio nacional, habrán más de mil”.

En relación a esto, estadísticas del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), refieren que a los órganos jurisdiccionales de todo el país, durante el año 2012 ingresaron 210 procesos. Quetzaltenango y el departamento de Guatemala son los que más casos registran, con 35 y 46 respectivamente.

Carlos Aguilar, juez Segundo del Ramo Penal, refirió que para este tipo de procesos los juzgadores exigen la declaración de la víctima y la declaración de los agentes captores, si fue un caso de flagrancia, para establecer la posible comisión del hecho.

Cuando la víctima ya ha hecho una denuncia previa, Aguilar explicó que como medios de investigación más contundentes para ligar a proceso a los detenidos, las cintas de cámaras de seguridad instaladas han permitido su individualizar a los cobradores de extorsión.

“En centros comerciales de la zona 18 se han realizado entregas, hemos visto que los videos graban el preciso momento de la entrega del dinero”, indicó y agregó que a través de escuchas telefónicas se evidencian las órdenes para realizar los movimientos y operativos de las estructuras criminales.

Esto aunado a boletas de depósito e informes de los bancos son pruebas que el juez considera contundentes para decretar un auto de procesamiento.

¿Y EL DINERO?
Según las pesquisas, el dinero producto de la extorsión es depositado y retirado inmediatamente. No obstante durante las capturas se encuentra poca cantidad de dinero, y  según refirió Aguilar, pese a que se determina que cobraron grandes sumas, no ha habido ningún caso, donde hasta el momento el MP haya promovido la extinción de los bienes.

“Se desconoce realmente a dónde van a parar los miles de quetzales mensuales que cobran”, dijo Aguilar.

El juez recordó un caso donde la madre de un pandillero, dueña de una tortillería, era quien recibía todo el dinero de una clica dedicada a la extorsión, ella lo guardaba y al final ella recibía órdenes del jefe de distribuir el dinero a sus familiares.

Por su parte, el fiscal Figueroa confirmó que durante los operativos no siempre se encuentra el dinero extorsionado, la investigación del paradero del mismo sería tarea de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros Activos, dijo.

“La fiscalía contra el lavado de dinero realiza las pesquisas para localizar el dinero y para que posteriormente le imputen el delito de lavado de dinero a los sindicados”, señaló.

Para el efecto, Figueroa dijo que por medio de las denuncias se investigan cuentas bancarias y que por medio de los informes que estas entidades les refieren, establecen los montos y determinan quién recibía el dinero.

TRES FISCALÍAS
Según refirió, estos ilícitos serían conocidos por tres Fiscalías: Contra el Crimen Organizado a través de la Unidad contra Extorsiones, que ve lo relativo a delito de extorsión; la Fiscalía contra el Lavado de Dinero que realiza las pesquisas para determinar el paradero del dinero, y la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que realiza las investigaciones por el asesinato de quienes no pagaron la extorsión.

Por último Figueroa dijo que las extorsiones donde solicitan depositar dinero, o que un cobrador lo reciba son las más comunes, pero de acuerdo con las denuncias, manifestó que una nueva modalidad es colocar carteles en los comercios o bien escribir en las paredes exigiendo el depósito de una suma de dinero o dejando un número para que se comuniquen, a cambio de su vida o de la vida de un familiar.