Perú vive la paradoja de registrar un importante crecimiento de su economía, pero en un clima de reclamos sociales con una huelga en el centro del país y una paralización para el jueves y viernes en regiones del sur como rechazo a la política económica del gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística detalló el martes que el producto interno bruto llegó a 9,26% en abril respecto al mismo mes del año pasado, con lo que se completa un crecimiento por cuarto mes consecutivo este año.
Sin embargo, para el jueves y viernes algunas provincias de los departamentos surandinos de Puno y Cusco han programado un paro de 48 horas para exigir que el gas de los yacimientos de Camisea, en Cusco, sean destinados al consumo interno y no a la exportación a México.
Además se cumple este miércoles el tercer día de una huelga indefinida de los trabajadores de la estadounidense Doe Run en la ciudad de La Oroya, al centro del país, para exigir que esa firma reinicie sus actividades mineras paralizadas desde hace un año.
Dirigentes del Frente de Defensa de Puno advirtieron que realizarán un paro de 48 horas desde el jueves. El paro también se cumplirá en la provincia cusqueña de La Convención, donde se ubica el yacimiento de gas de Camisea. La paralización será de 24 horas en Tacna, fronteriza con Chile.
«Hay una concentración de los beneficios del crecimiento del PIB en empresas medianas y grandes, también hay algunos beneficios que llegan a la población a través del empleo e impuestos, pero la distribución es bastante concentrada en las grandes empresas», dijo a la AFP el economista Pedro Francke.
Se trata de un tipo de «crecimiento excluyente, que deja a mucha gente fuera de los beneficios, sobre todo en actividades de los agricultores y campesinos y en regiones alejadas de la capital», agregó.
Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), criticó la «política económica discriminatoria del gobierno que favorece a las transnacionales» y exigió que el gas de Camisea abastezca prioritariamente a las regiones del sur del país.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, sostiene que el país tiene reservas gasíferas suficientes para abastecer el mercado interno y también para destinarlo a la exportación a México.
En el caso de la huelga de Doe Run en el centro del país, la huelga de los 3.500 trabajadores es respaldada por la población de La Oroya, ciudad que está militarizada para evitar desórdenes.
El secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, Luis Castillo, denunció que la empresa recibió facilidades de parte del gobierno para reiniciar sus operaciones pero que ha incumplido con sus promesas.
El gobierno ha señalado que si la empresa no reinicia sus operaciones para el 24 de julio el complejo metalúrgico que opera en La Oroya será cerrado y sus obreros serán reubicados en otros proyectos mineros.
Los trabajadores rechazan esa posibilidad y exigen que si Doe Run no reinicia sus actividades el gobierno deba asumir el control del complejo y ponerlo en operación.