El saqueo del patrimonio cultural de Perú es una herida que no cicatriza y que sangra cada vez que se subastan piezas como la cabeza de felino de cobre, con aplicaciones de turquesas, perteneciente a la cultura mochica, vendida en 289 mil euros (376.000 dólares) en un reciente remate de Sotheby’s, en París.

«Es un sentimiento enorme de frustración, de impotencia», declaró a la Agencia AP el vicecanciller Fernando Rojas. «Se trata de una obra maravillosa, de una obra de arte… hecha por gente hace miles de años como expresión de su creatividad, de su vinculación con el medio ambiente, de su visión religiosa».

Ese fue uno de 44 objetos culturales peruanos subastados el 22 y 23 de marzo pasado, sin que el gobierno peruano pudiese impedirlo. Sus esfuerzos por evitar esa subasta chocaron contra las leyes francesas, que consideran legítima la venta de obras de arte cultural y reconocen el derecho del comprador «de buena fe».

Las autoridades francesas exigieron a Perú prueba de que los objetos culturales subastados fueron ilegalmente obtenidos, algo que es «documentalmente imposible», según Blanca Alva, directora General de Fiscalización y Control del ministerio de Cultura.

«Cuando (los objetos) son arqueológicos, la procedencia es de excavaciones ilegales (en las) que obviamente no hay documentos, y han salido de contrabando, nuevamente sin documentos», sostuvo la funcionaria. «Hay más de 13 mil sitios arqueológicos en el Perú y puedo afirmar que todos y cada uno en algún momento fueron huaqueados», agregó, usando un término común en Perú para aludir al saqueo nocturno de sitios arqueológicos.

Para Perú, los esfuerzos por recuperar su patrimonio cultural entran en un círculo vicioso de reclamos infructuosos que rara vez da resultados. Los peruanos, no obstante, no piensan bajar los brazos.

Rojas dijo que Perú envió una carta rogatoria a Francia, en la que expresaba su derecho a usar los mecanismos de ley para recuperar los objetos culturales peruanos, lo que de alguna manera sirvió para que algunos compradores y museos estadounidenses desistieran de participar en la subasta de Sotheby´s. Pero no para frenarla.

La casa francesa informó que había vendido 10,3 millones de euros en la subasta de arte prehispánico de marzo, lo que significó una cifra menor a la prevista, según reconoció.

Las cartas rogatorias son un instrumento de cooperación judicial entre los países. En su misiva Perú pidió al gobierno de Francia que interviniese para impedir el remate, aduciendo que «esas piezas eran de manera indubitable peruanas y pertenecían al patrimonio cultural peruano», dijo Rojas.

Esas gestiones son más bien simbólicas, pero Rojas sostuvo que, a la larga, rinden dividendos. «La presión y la denuncia de esos temas a nivel internacional la haremos siempre y debe de ayudar a sensibilizar», expresó.

Rojas dijo que se está preparando una nueva carta rogatoria para pedir, a través del gobierno francés, que se proporcionen la identificación y datos de las personas que compraron las piezas peruanas, y que se devuelvan a Perú las 25 piezas que no llegaron a ser vendidas. Además, deja por sentado que dichas piezas son peruanas «sin la menor duda» y que se verifique con cuidado el origen de las piezas a subastar.

El principal problema para Perú, sin embargo, es demostrar la salida ilícita de las piezas del territorio nacional, debido a que en el país ni siquiera se conocía de su existencia hasta antes de ser ofertadas por Sotheby’s.

Perú ha soportado por mucho tiempo la incesante expoliación de su patrimonio cultural, a través de buscadores de tesoros o «huaqueros», quienes aprovechando la poca vigilancia o la oscuridad de la noche invaden sitios arqueológicos para apoderarse de cuanto objeto valioso puedan encontrar. Luego lo venden a traficantes, quienes extraen las piezas ilegalmente del país, para ser vendidas en el mercado internacional.

Una ley peruana, que data de 1822, establece que está prohibido extraer del país objetos del patrimonio cultural peruano, salvo expresa autorización del gobierno, pero la ley fue «letra muerta» por varias décadas.

El reconocido arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras dijo que el «huaqueo», o excavaciones ilegales de sitios arqueológicos, fue en Perú una actividad tradicional, nacida en los tiempos de la colonia y estimulada por los españoles, interesados en apoderarse de los objetos de oro y plata de las tumbas prehispánicas.

«Eso -el huaqueo- dejó de ser una tradición popular, esencialmente campesina, para convertirse progresivamente en un negocio lucrativo de traficantes que vendían las antigüedades a los consorcios extranjeros dedicados a la explotación internacional de las antigüedades. Eso es un fenómeno que se comienza a registrar después de los años 40 fundamentalmente», señaló.

En 1971, el gobierno creó el Instituto Nacional de Cultura, pero con tan pocos recursos asignados «que ni siquiera documentaban los huaqueos, salvo los más importantes», señaló Alva.

La presión internacional sería el único camino posible para Perú en casos de países como Francia, que pusieron reservas a la Convención de la Unesco sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y que es por ello uno de los países preferidos para realizar subastas de obras culturales de arte.

No solo Perú reclamó por la subasta, también lo hicieron México, Brasil y Guatemala, pues también fueron rematados objetos suyos, dijo Rojas. «Lo que queremos es crear una mayor conciencia internacional, crear un mayor conocimiento de la importancia de este tema, crear una conciencia crítica en la sociedad y constituir sin duda un medio de presión», manifestó el vicecanciller.

En los últimos siete años Perú ha avanzado bastante en los mecanismos de control para evitar la extracción de objetos culturales peruanos por las fronteras del país y tiene 19 convenios firmados con terceros países para la repatriación de su patrimonio cultural.

Además, las autoridades peruanas realizan una búsqueda constante, a través de Internet, para conocer las subastas que se están llevando a cabo y si ellas involucran la venta de objetos culturales peruanos. Una vez detectadas estas subastas cursan notificaciones dejando por sentado su reclamo. Alva dijo que Perú hace un mínimo de 20 reclamaciones por año.

Una de estas reclamaciones fue la cursada a la empresa estadounidense, con sede en California, Ancient Resource LLC, que dijo que vendió a principios de abril un par de piezas peruanas. No obstante, Alva afirmó que fueron seis lotes, sin especificar de cuántos objetos constaba cada lote, por un total de 2.030 dólares.

«Cada artefacto mencionado en su demanda es descrito como lo hace la descripción de nuestra subasta, y luego dicen, por lo tanto es una pieza que pertenece al Patrimonio Cultural Peruano. Esa es toda su ‘prueba’. Simplemente que es un artefacto peruano y que por ello esa pieza pertenece al patrimonio cultural de Perú. Ellos afirman que todos los ítems de origen peruano en cada colección y cada subasta fuera de Perú son robados. No tiene absolutamente sentido. Es descarado y raya en la calumnia y la difamación intencional», se quejó Gabriel Vandervort, dueño de Ancient Resource LLC, en un correo electrónico enviado a la AP.

Anteriormente, la presión internacional sirvió a Perú para hacer valer sus derechos, por ejemplo en el caso de la recuperación de un lote de objetos arqueológicos extraídos de la ciudadela inca de Machu Picchu en 1912 y que estuvieron desde ese entonces en posesión de la Universidad de Yale a la que habían sido entregadas como un préstamo temporal. Perú demandó judicialmente a Yale, pero fue la presión mediática lo que hizo que la universidad accediera a devolver las piezas en tres envíos, el último de los cuales fue repatriado a fines del año pasado.

Lumbreras dijo que el valor arqueológico de un artefacto cultural, «como elemento testimonial de la historia de un pueblo», no siempre es entendido por los sistemas judiciales que ven casos de tráfico ilícito de bienes culturales.

«Entonces una pieza de cerámica muy linda, es una pieza de cerámica muy linda y punto. Para un juez que está ventilando temas de delitos de robo, de contrabando, un objeto de ese tipo o es lícito o es ilícito, punto. Si no hay pruebas de que es ilícito, ahí se queda, es un objeto más, ese es el problema principal», anotó.