Simon comenzó a responder a un pliego interpelatorio al ser considerado responsable político del conflicto con indígenas amazónicos que concluyó cuando el gobierno, tras una inicial oposición, dio marcha atrás, doblegado por una revuelta de pueblos amazónicos y anuló dos decretos rechazados por los nativos.
La oposición parlamentaria considera que el gobierno dio marchas y contramarchas y que la crisis se resolvió luego del derramamiento de sangre de 24 policías y 10 indígenas, muertos en graves enfrentamientos en la ciudad nororiental de Bagua.
«Yo siento que he cargado una cruz muy pesada para el Perú y la he cargado con mucho amor y no me siento responsable de Bagua», dijo Simon en la víspera ante la posibilidad de la censura.
«Si mi responsabilidad es dialogar: ¡Que me crucifiquen! Pero no me siento responsable de errores históricos», subrayó Simon en su defensa.
El congresista oficialista y ex primer ministro Jorge Del Castillo confió en que la censura no prosperará y que el jefe del gabinete «saldrá fortalecido» del Congreso con un voto de confianza.
Sin embargo, parlamentarios del partido Alianza para el Futuro, del ex presidente Alberto Fujimori, que ha respaldado al gobierno en horas difíciles, anunciaron que censurarán a Simon, sumándose a legisladores del Partido Nacionalista, liderado por el ex candidato presidencial Ollanta Humala, así como de otros grupos menores.
La bancada de la conservadora Unidad Nacional anunció que esperará las respuestas de Simon para tomar una decisión.
El pedido de censura de la oposición será puesto en debate recién la próxima semana, cuando será sometido a votación. De aprobarse la censura, Simon está obligado a renunciar al igual que todo el gabinete ministerial.
Simon llegó al parlamento en un contexto de descontento social luego de que en las últimas 48 horas resolvió una huelga en la ciudad surandina de Andahuaylas, que estaba paralizada desde hace 14 días, pero fracasó en apaciguar otro conflicto en Sicuani, en el departamento de Cusco (sudeste).
Junto a la protesta en Sicuani, se cumple este jueves el segundo día de un paro de tres días en Puno, departamento vecino a Cusco y fronterizo con Bolivia, para exigir al gobierno atención a demandas locales.
Un conflicto laboral en la región central del país de 3.500 trabajadores de la minera Doe Run, de capitales estadounidenses, se suspendió la noche del miércoles por 30 días. Los mineros exigen una solución al cierre temporal de las operaciones de la empresa en la ciudad centroandina de La Oroya.
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda) convocó a una jornada de tres días (7, 8 y 9 de julio) de protesta con movilizaciones en diversas ciudades del país.
La CGTP reclama la derogación de decretos como parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que, según sostienen, vulnera los derechos de las comunidades andinas.