Desde distintos puntos de vista, el presidente ílvaro Colom, el ministro de Gobernación, Salvador Gándara y Marlene Blanco Lapola, directora de la Policía Nacional Civil, analizan la amenaza que representan para el Estado las agresiones de bandas del narcotráfico y sus brazos armados.
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Así como distinta es su posición en el Ejecutivo, también es distinta la percepción que tienen sobre el narcotráfico los representantes de las instituciones de seguridad del Gobierno.
A la vez que se incrementan las agresiones y atentados hacia la población y las fuerzas de seguridad, el combate al crimen organizado se posiciona como el principal discurso de las autoridades.
MACRO
El jefe de Gobierno califica las acciones del narcotráfico como «una agresión seria al Estado», que se deriva de ocho años de desorden en la administración de seguridad y justicia en el Gobierno, que actualmente se encuentra «debilitado» para enfrentar ese tipo de amenazas.
Según Colom, el problema no es único de Guatemala ya que en la región, Centroamérica, México, Panamá y Colombia también sufren por los embates de la narcoviolencia, que se ha convertido en problema macro y que, incluso, llega a afectar a Europa, Asia y Oceanía.
Por ende, la solución debe ser coordinada entre los gobierno de dichos países a través de un trabajo conjunto de inteligencia y operación de las fuerzas de seguridad.
El proceso inició en una reunión de Colom con sus homólogos de la región, para concretar un proyecto de intercambio de información sobre operaciones delictivas, específicamente sobre el narcotráfico.
La cooperación con Estados Unidos también es necesaria, aseguró Colom, quien ha confiado en aprovechar los fondos de cooperación que destina el Plan Mérida para combatir al narco.
ANTAí‘O
El ministro del Interior coincide en que las administraciones Portillo y Berger debilitaron la respuesta de las instituciones de seguridad: el Ejército Nacional y la Policía Nacional Civil. No obstante considera los grupos armados del narcotráfico planificaron su ingreso estratégico al país entre el 2006 y 2007.
Según Gándara, en ese tiempo inició el robo de maquinaria pesada a empresas constructoras para la construcción de lo que hoy son las carreteras y «narcopistas» para la movilización de los narcotraficantes. «Se estaban organizado poco a poco para tomar el territorio», afirma el funcionario.
Por otro lado, observa una verdadera a amenaza en los sicarios que trabajan al servicio de los narcotraficantes, entre estos grupos se encuentran Los Zetas, quienes según el titular de Gobernación, se encargan de tomar los territorios para los narcotraficantes por medios violentos, amenazando tanto a comunitarios como terratenientes.
Gándara sostiene que se debe utilizar toda la información, armamento y bienes decomisados a los narcotraficantes y sus brazos armados para enfrentarlos, además de iniciar procesos de inteligencia civil y militar para establecer estrategias de mediano y largo plazo para evitar que retomen los territorios perdidos.
Para Blanco Lapola la introducción del narcotráfico en las poblaciones de zonas en riesgo -fronterizas con México, Honduras y El Salvador- puede ser evitada, en gran medida, a través del trabajo conjunto entre la PNC y las comunidades.
«El diálogo entre alcaldes, líderes comunitarios y la Policía es realmente necesaria», dice la jefa de la PNC, quien actualmente impulsa el trabajo de la Policía.
«Necesitamos formar líderes dentro de las comunidades para que participen activamente en colaboración con la seguridad», sostiene la jefa de Seguridad, enfatizando en al importancia de invitar a la población a denunciar los ilícitos que se cometen dentro de cada pueblo. «Es una estrategia regional», apunta.