Cuatrocientas citas solicitadas para participar en ocho mesas de trabajo para el conocimiento y aportación al contenido de igual número de iniciativas de ley, muestran el interés de grupos, sindicatos y asociaciones. En los próximos dí­as se ha previsto que el Congreso de la República, a través de la Comisión de Economí­a y Comercio Exterior, inicie los primeros encuentros.

Los temas de reactivación económica llamaron la atención de más de 230 grupos, sindicatos y diversas asociaciones inscritas para participar.

Aunque cada mesa atrajo la participación, son las iniciativas «Desarrollo Rural», «Incentivos Forestales», «Convenio 175 de la OIT» y «Lugares Sagrados y Consulta a Pueblos Indí­genas», los que mayor número de citas cuentan.

Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), explica que sin duda no habrá un consenso sobre todos los temas; sin embargo las exposiciones servirán para determinar el concurso e interés por cada iniciativa.

Con los comentarios de todas las mesas los congresistas tendrán un panorama de la realidad, que serí­a clave de los proyectos concretos para que atraviesen la aprobación.

Lavarreda explica que la coherencia de los temas es el gran reto de este ejercicio por la interrelación que cada uno de ellos contiene, tomando en cuenta que cada participante tendrá su marco conceptual y puntos de vista.

Otilia Lux de Cotí­, diputada independiente, dio a conocer que el grupo de parlamentarios indí­genas valora que por fin por lo menos se ha logrado el espacio para los temas indí­genas.

Lograron así­ incluir dos temas más a través de un bloque con representación que los llevó a la mesa, entre ellos «Radios Comunitarias» y «Resarcimiento».

Para la diputada, la mesa de Consulta a Pueblos Indí­genas debe ser ampliamente discutida, para que se tome en cuenta a las poblaciones que hasta hoy no han sido escuchadas cuando se trata de echar a andar proyectos de desarrollo en el paí­s.

«Perjudican el ecosistema, el territorio, el suelo y porque hay problemas en cuestiones de salud y contaminación del ambiente», indica Lux de Cotí­.

El punto sustancial es que antes de cualquier proyecto económico deberí­an consultar porque tanto los dueños del capital como algunos funcionarios pasan por alto a la gente.

Los lugares sagrados, que sobrepasan los tres mil en el territorio nacional, el mayor problema que atraviesan es que posterior a la firma de la paz, los propietarios de fincas han impedido el ingreso de los sacerdotes mayas para realizar sus ritos.

«El artí­culo dice exactamente en coordinación con la iniciativa privada, no se entra con falta de respeto, sino se autoriza», refiere la diputada.

En uno de los nuevos temas incluidos, «Radios Comunitarias», la propuesta va dirigida a que en el futuro se evitarán las subastas de las frecuencias radioeléctricas propiedad del Estado, porque con regularidad las adquieren quienes poseen los grandes capitales. «Ganan los que tienen mucho poder», enfatiza.

Por ello, se deberí­a dar la oportunidad a las comunidades para que posean frecuencias y evitar así­ la práctica de la piraterí­a.

El tema «Resarcimiento a las ví­ctimas del conflicto armado interno» quiere alcanzar la institucionalización del programa para que cuente con recursos propios y definidos que se integren al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado.

El tema es urgente, indica la diputada Lux de Cotí­, porque después de catorce años de firmada la paz, son miles de viudas y huérfanos que no han recibido la ayuda económica para superar la parte material de la destrucción y que terminó con vidas útiles.

Según la parlamentaria esperarí­an que con la institucionalización del programa de Resarcimiento alcancen por fin beneficio las ví­ctimas de la guerra entre guerrilla y el Ejército, tanto en el occidente, norte y oriente del paí­s, donde residen los que siguen esperando ayuda.

SIMULACIí“N

Otro tema que va a la mesa es el «Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)» que contiene la autorización del trabajo parcial en una sociedad mayoritariamente joven que representa la oferta de mano de obra.

La Unión Guatemalteca de Trabajadores junto a 325 organizaciones sindicales, se queja de la simulación de la relación del trabajo que actualmente realizan impunemente empleadores del sector público y privado en Guatemala, que traerí­a de forma legal dicho convenio.

Según esa unión de trabajadores la práctica del trabajo de tiempo parcial traerí­a graves consecuencias sociales y debilitamiento para las arcas del Estado, que atraviesan su peor momento de recaudación.

«Produce la defraudación en el pago de impuestos y cuotas, entre otros, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en el Instituto de Recreación de los Trabajadores del Sector Privado».

Otra preocupación de los grupos sindicales es que la ratificación del Convenio 175 dé paso a la utilización masiva del contrato mercantil como «disfraz» para la relación laboral que a futuro puede afectar programas de capacitación profesional a nivel nacional.

Preocupa también que esté en peligro la protección social de la salud, maternidad, accidentes por trabajo, pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia.

DESARROLLO RURAL

Básicamente, los grupos sociales que dependen de la tierra como único medio para sobrevivencia de la familia campesina han propuesto la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que entrará al análisis de todos los grupos, incluyendo su contraparte la Cámara del Agro.

Los datos referentes para el tema y que han trasladado al Congreso de la República son, entre otros, los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) que refleja la condición de pobreza en 51% de la población total, 72% de ellos viviendo en el área rural.

Otra preocupación es la pobreza extrema, mayoritariamente localizada en el área rural, que llega a la cuarta parte de la población que se sigue calculando extraoficialmente en 14 millones de habitantes.

Tomando como base el último Censo de Población 2002, el anteproyecto de ley refiere que para ese año 41% representaba la población indí­gena que residí­a en el área rural, siendo Totonicapán, Sololá, Quiché, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos así­ como Alta y Baja Verapaz los que más pobres concentran.

También anotan que la Secretarí­a de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) da cuenta que 6,147 comunidades registran algún grado de desnutrición, de ellas 332 están calificadas como puntos rojos o «muy alto riesgo».

Anotan que esos puntos de riesgo siguen siendo San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y las dos Verapaces, con los í­ndices más elevados de población indí­gena.

Otra apreciación en la exposición de motivos entregada en 2009, es que muchas fuentes de agua se han perdido a partir de la monopolización de ese recurso para la producción extensiva de monocultivos como banano y caña de azúcar.

La desviación de rí­os y el uso no regulado del agua para la actividad minera lo hacen ver enfatizando que las consultas comunitarias por esos temas han sido ignoradas, lo que también impide un desarrollo rural integral.

PIDIERON MíS

Algunas organizaciones sociales pidieron participación total en las ocho mesas de trabajo de reactivación económica, mientras la mayorí­a intervendrán en uno o dos temas.

Cámara de Industria de Guatemala, Fundación Guatemala 2020, Federación Nacional de Sindicatos de Empleados Públicos, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, Usac y ANAM participarán en todos los encuentros.

También en la mayorí­a de las mesas estarán presentes la Cámara del Agro, Unión Guatemalteca de Trabajadores, Federación de Empleados de Sindicatos Bancarios y Servicios del Estado, Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Instituto de Derecho Constitucional Garantismo y de la Justicia, Cámara Empresarial de Comercio.