El incremento de la pobreza se refuerza por un Estado débil que reproduce la desigualdad en la medida en que no impulsa ningún mecanismo redistributivo; la tributación es baja e injusta (menos del 10% del PIB).
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El gasto y la inversión social insuficiente (alrededor del 5.3% del PIB).
Además no existen políticas de acceso a la tierra y de desarrollo rural, la cobertura educativa y de seguridad social es limitada (el 80% de la Población Económicamente Activa no cuenta con cobertura social).
Así concluye el apartado de pobreza en el país, que está incluido en el Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos y Sociales y Culturales 2006, elaborado por el Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIDH).
Orlando Blanco, del CIDH, refiere que el índice de Desarrollo Humano (IDH), registra a Guatemala en el puesto 120 de un total de 173 países, en el 2000.
En el 2006 ocupa el puesto 117, de 177 países, según el Informe de Desarrollo Humano Mundial.
Guatemala está en penúltimo lugar de Latinoamérica en relación al (IDH), mientras Haití se ubica en el último lugar.
El indicador a nivel nacional tiene una utilidad estadística importante en cuanto a que refleja avances y retrocesos como país.
Sin embargo es insuficiente para evidenciar las grandes diferencias que se dan a lo interno del mismo.
Es así como en varios sectores de la ciudad capital existen niveles que podrían compararse con los países europeos, y que contrastan con las zonas rurales indígenas, que mantienen indicadores muy similares a los países más atrasados, menciona Blanco.
«Al profundizar en el análisis del desarrollo humano en Guatemala por regiones, departamentos y municipios se pueden visualizar estas profundas diferencias», apuntó el activista de Derechos Humanos.
La capital, superior
La capital, que concentra las principales actividades productivas, industriales, de servicios y el comercio, alcanza un IDH del 0.795 muy superior al promedio nacional: Sacatepéquez, que aglutina la mayoría de actividades turísticas, tiene un IDH de 0.708; Quetzaltenango, la segunda ciudad en importancia, un 0.650.
El Progreso un 0.648, en su mayoría ciudades y regiones de población mestiza.
Mientras que los departamentos de mayoría indígena y rurales se caracterizan por un IDH sumamente bajo similar al de Haití, el país de menor IDH en Latinoamérica.
Sololá registra un IDH de 0.579, San Marcos de 0.583, Totonicapán de 0.540, Quiché de 0.508.
El índice de la Pobreza Humana, IPD, ubica a Guatemala en el puesto 51 de un total de 103 países en desarrollo.
Guatemala tiene una esperanza de vida de 60 años, la desnutrición de niños menores de cinco años alcanza el 24.2%, y el analfabetismo registra un 28.9%, mientras que en las mujeres es del 35.8%, de acuerdo con Blanco.
LA POBREZA
Durante el período 2000-2004 el crecimiento económico fue inferior al crecimiento poblacional, lo que derivó en una variación negativa de la producción nacional promedio por habitante, deteriorando las condiciones de vida material de la población guatemalteca e incrementando la pobreza del país, refiere el informe.
Para el período 2000-2006 el crecimiento poblacional es del 2.6% anual, mientras la economía creció únicamente (en el período 2000-2004) un promedio de 2.5%, manteniéndose prácticamente estancada.
Es hasta el año 2005 que se presenta una leve mejora, al cerrar el crecimiento económico en el 3.1%, dijo Blanco.
Estimaciones realizadas por el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano 2003, señalan que la pobreza se incrementó del 56.3% en el año 2000 al 57% en el 2002; mientras la pobreza extrema aumentó de 15.7% en el año 2000 al 21.5% en 2002, registrándose un incremento mayor en el área rural, al aumentar del 23.8% en 2000 al 31.1% en 2002.
Las estimaciones más recientes sobre la pobreza extrema para el 2004 confirman que ascendió al 21.5%, en comparación con el 16% estimado para el 2000, mientras la profundidad y severidad de la pobreza fue del 12%.
En Guatemala el 57% del total de la población vive en pobreza, es decir que más de 6 millones de personas subsisten con alrededor de Q4 mil anuales, valor de la línea de pobreza general.
El 21.5% de la población, más de dos millones de personas son extremadamente pobres y sobreviven en condiciones de hambre y desnutrición, con ingresos inferiores a un 1 dólar por día (el valor de la línea de pobreza extrema es de Q1,873 anuales).
En el área rural la pobreza afecta a más del 74.5% de la población y entre los pueblos indígenas supera el 76.1%, según mostró la investigación, reveló Blanco.
En los departamentos del noroccidente y suroccidente del país, la pobreza afecta a más de 75% de la población.
Los departamentos de Quiché y Huehuetenango integran la región con más pobreza, mientras que en el mapa de la pobreza por departamento, San Marcos y Totonicapán son los que registran los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema.
Los vulnerables
Pero la tendencia es clara: en los cuatro departamentos mencionados, más Alta Verapaz y Sololá, los niveles de pobreza alcanzan a más de tres cuartas partes de sus respectivas poblaciones.
La pobreza afecta de forma mucho más aguda a los pueblos indígenas.
En el caso del pueblo cachiquel al 62.6% y en los quichés, al 64.4%; en ambos casos, sobrepasan el 60% de su población que vive bajo la línea de la pobreza.
En el caso de la etnia quekchí, el 83.5% de su población se encuentra en pobreza y de estos, casi el 40% en extrema pobreza.
En la población mam, tan solo el 10% se considera «no pobre», lo que coloca al 90% en condiciones de pobreza y a un poco más de un tercio de ésta (34%) en extrema pobreza.
Es importante indicar que más del 78% de las mujeres indígenas en el área rural son pobres en contraposición a las no indígenas que alcanzan el 41%.
Blanco manifiesta que Guatemala es uno de los países más desiguales en Latinoamérica junto con Brasil, el 62.1% del ingreso nacional está concentrando en el 20% de personas con mayores ingresos, mientras que el 20% de personas más pobres únicamente tiene acceso al 2.4% del ingreso nacional.
La concentración del ingreso y del consumo es demasiado severa, alcanzando un coeficiente de Gini del 0.57 para el ingreso y del 0.48 para el consumo (63% del ingreso nacional se concentran en el 20% de la población).
Sin aranceles
Guatemala desarrolló una posición de apertura total a los productos de EE.UU., que se tradujo en un 80% de partidas libres de aranceles para bienes agrícolas e industriales.
Lo anterior, sumado al mantenimiento de los subsidios a la producción por EE.UU., (US$180 mil millones para el período 2002-2007) y el aumento de las ayudas directas a la agricultura a partir de la aprobación de la «FAM BILL» en mayo de 2002, provocarán la desaparición de nuestra producción nacional y de un elemento fundamental de la estructura social, el productor agropecuario y el campesino, que sustentan la producción para el mercado interno.
Los granos básicos son los más afectados, el maíz y el arroz tienen contingentes altos de cero aranceles desde el primer año.
Las pérdidas se estiman entre el 10% y 30% de los jornales agrícolas, unos 41 mil a 125 mil empleos, que alcanzan una pérdida de entre Q366 mil y más de mil millones de quetzales.
Los departamentos más afectados serán los de mayor pobreza y población indígena.
El TLC afectará productos a los pequeños y medianos productores agrícolas, microempresarios y campesinos de subsistencia, en especial los productores de granos básicos, que ostentan la producción para el mercado interno.
El TLC reduce la capacidad del Estado de impulsar políticas de desarrollo, al no exigir requisitos de desempeño a la inversión extranjera y permitir a las empresas demandar al Estado; limitar el acceso a los medicamentos genéricos, y aceptar que las empresas transnacionales se adueñen de la biodiversidad, patentando semillas, explicó Blanco.
«Desde el punto de vista de los intereses de nuestra nación y la región centroamericana la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos fue un fracaso», explicó Blanco, coordinador del informe sobre pobreza en el país.
Dice que el tratado enfrentó la inexperiencia, improvisación y los constantes cambios de liderazgo en el equipo negociador y de estrategia.
Se dio en un ambiente de divorcio entre sector privado y Gobierno, que limitó el debate y la transparencia.
La negociación del TLC se realizó sin estudios de impacto y agenda prioritaria de desarrollo, y con una escasa o nula participación de la sociedad civil, afectando su legitimidad.
En las negociaciones del tratado comercial no se consideró la problemática de los trabajadores guatemaltecos en EE.UU. (más de 1.5 millones según OIM), respecto a sus derechos laborales, aunque son ellos quienes aportan más de tres mil 500 millones de dólares para el sostenimiento de la economía nacional.
Al no reconocer las asimetrías entre las economías y no discutir los subsidios a la producción, se aceptó una asimetría al revés, a favor de un tratamiento privilegiado al país más poderoso (EE.UU.), apuntó Blanco.
Guatemala tiene una economía mundial dominada por el capital financiero y las empresas transnacionales que cuentan con el respaldo de sus Estados y que tienen abundantes recursos.
En ese «libre mercado» Guatemala sólo cuenta con un aparato productivo atrasado, ineficiente y con una enorme «ventaja comparativa» que eufemísticamente le llaman mano de obra competitiva.
Es decir, desempleo, pobreza y por ende bajos salarios.
Redistribución es débil
El bajo nivel de ingresos tributarios limita el funcionamiento efectivo del Estado y el financiamiento del desarrollo, dificultando seriamente la gobernabilidad.
El sistema tributario guatemalteco se caracteriza por la insuficiencia de recursos, persistente déficit fiscal e inequidad de la estructura tributaria, lo cual se refleja en un limitado gasto e inversión pública, sobre todo en sectores sociales.
A diez años de la firma de los Acuerdos de Paz, la carga tributaria únicamente se incrementó en tan sólo el 1.5% del PIB durante el período (1995-2005), mientras los Acuerdos proyectaban elevarla en un 4% del PIB, con el fin de alcanzar un nivel de ingresos tributarios equivalente al 12% del PIB en el año 2000, según Orlando Blanco.
El resultado de los últimos años apunta a un debilitamiento y disminución persistente de los ingresos tributarios.
La carga tributaria pasó del 10.7% del PIB en el 2002, a un 9.9% del PIB en el 2005, afectando la disponibilidad de recursos del Estado para poder atender las demandas de educación, salud, vivienda, tierra y seguridad, entre otros.