En Guatemala se registraron por lo menos 305 ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, durante el 2012, así como a sindicalistas; aunado a ello, se presentaron falsas acusaciones contra comunitarios que se oponen al funcionamiento de proyectos mineros.
Amnistía Internacional (AI) señaló, en su Informe 2013 sobre Derechos Humanos, que en este país se siguieron implementando proyectos mineros e hidroeléctricos en comunidades rurales y pese a los reiterados llamados para que el Estado respetase sus obligaciones internacionales, las autoridades no garantizaron una consulta efectiva con las comunidades.
De igual manera, las empresas internacionales no respetaron las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, indicó el informe.
En mayo del 2012, una persona resultó muerta y otra herida en el municipio de Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, aparentemente a manos de guardias de seguridad de Hidro Santa Cruz; este hecho generó protestas y enfrentamientos, así como la ocupación de una base militar y la imposición de una ley marcial; la comunidad señaló que no fue consultada con respecto a la implantación del proyecto hidroeléctrico.
Asimismo, en departamento de Santa Rosa se presentaron querellas falsas contra activistas locales, quienes se oponen a las actividades de la Mina San Rafael; aparentemente con estas acciones locales se buscaba limitar su activismo contra la minería.
Entre las agresiones contra activistas de derechos humanos, AI refirió el caso de Yolanda Oqueli, activista contra la explotación minera, quien en junio fue herida gravemente cuando regresaba a su hogar, luego de participar en una protesta contra la mina El Tambor, en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
AI recordó la muerte de ocho pobladores de Totonicapán, que fueron asesinados a inicios de octubre, durante una protesta contra el aumento de la energía eléctrica y contra las reformas constitucionales; un oficial del ejército y ocho soldados fueron acusados de las muertes.
La entidad señaló que el ejército no ha aportado información significativa a las investigaciones en relación a la investigación en el proceso contra Efraín Ríos Montt, así como para localizar a las víctimas de desaparición forzada; en mayo del 2012, el gobierno clausuró los Archivos de la Paz, donde se habían depositado documentos relativos al Conflicto Armado Interno.