Desde que tengo uso de razón soy testigo de hechos violentos y brutales, en contra de la vida e integridad de personas. Recuerdo la represión selectiva e indiscriminada desatada por las hordas liberacionistas que luego de derrocar al régimen revolucionario en 1954, torturaron y ejecutaron a cientos de opositores polí­ticos; luego la violencia organizada aplicada por las sucesivas dictaduras militares contrainsurgentes que en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, cometieron graves violaciones a los derechos humanos de la población.

Tierra arrasada, torturas, tratos crueles, ultrajes, violaciones sexuales, desmembramiento de cuerpos, desapariciones forzadas e involuntarias, es decir, un absoluto irrespeto y desprecio por la vida de seres humanos. Sin olvidar que tales abusos y atrocidades fueron ejecutados desde el Estado por los mismos aparatos de seguridad.

Acaso se olvidaron los testimonios de miles de ví­ctimas y familiares que relatan el terror padecido y las barbaridades cometidas por el Ejército y la Policí­a durante el conflicto armado interno. Por mucho que se quieran negar los hechos e implantar la amnesia colectiva, el imaginario social sabe que los rostros de miles de ví­ctimas y el dolor de las familias son reales, como también lo son los actos crueles, espantosos e inhumanos que con toda impunidad, como siempre, se continúan cometiendo. Para quienes vivimos en este dolorido paí­s, desde el siglo pasado la violencia y la intolerancia no son novedad, pues ha sido el plato favorito de los oligarcas y sus lacayos para mantener el orden establecido, someter y controlar a la población.   

Casos como las ejecuciones de la reina nacional de belleza, Rogelia Cruz Martí­nez, o de Nora Paiz, Rosario Godoy, Eugenia Barrios y de muchas otras ví­ctimas, cuyos cuerpos aparecieron desmembrados, con claras señas de torturas y ultraje; o las masacres colectivas, linchamientos, ejecuciones, desaparición forzada, son algunos de los abusos y excesos violentos cometidos históricamente desde el Estado, así­ lo que ocurre en el ámbito social es un fiel reflejo de la conducta abusiva que este Estado, sus agentes, los oligarcas y terratenientes, acostumbran aplicar en contra de su población.

Es una carga social abrumadora, comprobar que en Guatemala la cultura de violencia acompañada de la intolerancia y la impunidad, es continúa y por ahora interminable. Por eso reitero, la violencia de ahora no es nueva, como tampoco el grito desesperado de la población exigiendo seguridad y justicia, una demanda social insatisfecha, porque mientras prevalezca la cultura de violencia, la impunidad y la intolerancia, es más difí­cil construir cultura de paz.

La intolerancia sigue provocando intimidaciones, repudio las amenazas contra el colega y amigo EDUARDO VILLATORO, esas amenazas son otra muestra del contexto violento e impune que prevalece.

Ayer, (2 de junio) asistí­ al Palacio Nacional al acto de perdón que en nombre del Estado ofreció el presidente Colom a las familias de tres dirigentes estudiantiles universitarios Carlos Cuevas, Héctor Interiano y Gustavo Castañón; detenidos, torturados y desaparecidos por agentes del Estado en 1984. Este tipo de actos seguirá repitiéndose muchas otras veces, es parte del resarcimiento moral que el Estado está obligado a brindar por tener responsabilidad en estos crí­menes de lesa humanidad.

 Un dí­a como hoy, masacre en Mayalán, Ixcán, Quiché en 1982…